Los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 países que conforman la Unión Europea (UE) aprobaron por unanimidad este lunes 13 de noviembre el primer paquete de sanciones contra Venezuela e instaron al régimen de Nicolás Maduro a restablecer “urgentemente” la legalidad democrática que permita elecciones “libres y justas”.
La sanción diplomática incluye un embargo de armas y de material afín que pueda utilizarse para la represión interna, así como un marco jurídico para poder imponer sanciones a dirigentes.
Así, la UE dio luz verde a poder castigar de manera individual a los cargos políticos y militares que sean considerados responsables del deterioro democrático, pero de momento la lista está en blanco.
Además, se ratificó la prohibición de venta de equipos, tecnología y programas informáticos para controlar o interceptar las comunicaciones telefónicas o por internet por parte del régimen venezolano o cualquier persona o entidad que actúen su nombre. Estas medidas restrictivas estarán en pie durante un año que podrá ser prorrogable.
Los 28 también abrieron la puerta a medidas como la congelación de los activos y los bienes que varios dirigentes venezolanos, sus familiares o sus testaferros mantienen en países europeos y el veto a la entrada en la UE.
Estas acciones habían sido reclamadas en Roma por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, destituida por la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente después de revelarse contra la deriva autoritaria de Maduro. “No van a disfrutar ni un solo centavo de lo que le han robado al pueblo de Venezuela”, acotó Ortega en este sentido el pasado viernes.
Sin embargo, en este momento se trata más bien de una amenaza que podría ponerse en práctica más adelante.
Europa justificó las sanciones contra el gobierno de Venezuela por la preocupante evolución en el país, especialmente teniendo en cuenta las “numerosas denuncias de irregularidades” en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, cuyos resultados no han reconocido gran parte de la oposición. En esta línea exigieron “una auditoría completa e independiente” de los resultados para garantizar “plena transparencia”.
En el texto de conclusiones se da la clave que desactivaría dichas medidas retorsivas: “la celebración de negociaciones creíbles y sustanciales, el respeto a las instituciones democráticas, la adopción de un calendario electoral pleno y la liberación de todos los presos políticos”.
“Las sanciones contra el Gobierno de Venezuela son la decisión correcta y llevan al camino hacia la democracia. El Parlamento Europeo ha sido el primero en pedirlas y seguirá apoyando al pueblo de Venezuela”, comentó el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, en su cuenta de Twitter.
Estados Unidos abrió la senda de las sanciones contra el Gobierno venezolano. A finales de agosto apretó todavía más la tuerca de retorsión financiera tras acusar a Maduro de haber convertido a su país en una “tiranía”.
Las medias que prohibieron a los estadounidenses y sus entidades financieras la compra de bonos de deuda venezolana y de la compañía estatal de hidrocarburos, Petróleos de Venezuela, fueron las más amplias y potencialmente dañinas hasta la fecha.
