CARACAS, Venezuela (EFE).- El comisario venezolano Iván Simonovis, condenado a 30 años de prisión por 2 de las 19 muertes registradas durante el golpe de Estado de 2002 a Hugo Chávez, recibió esta madrugada una medida de arresto domiciliario por "razones humanitarias" y ya se encuentra en su casa.
"Le han impuesto una medida de arresto domiciliario por razones humanitarias para que él pueda curarse de todas sus enfermedades y pueda recibir tratamiento médico", informó a Efe su abogado Jose Luis Tamayo sobre el comisario, cuya liberación formó parte de la agenda de temas entre el Gobierno y la oposición tras las protestas de este año.
El letrado recordó que Simonovis, al que la oposición considera un preso político, sufre "19 patologías" diferentes, entre las que "destacan" las de tipo cardiaco, situación que su esposa, Bony Pertíñez, que siempre ha defendido la inocencia de su marido, ha denunciado en varias ocasiones.
Tamayo afirmó que esta medida humanitaria de arresto domiciliario es "parcial" ya que en la vivienda de la familia Simonovis habrá un "apostamiento policial" del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) con el que en las próximas horas se coordinarán los traslados del comisario a los centros médicos para su chequeo y tratamiento.
Apuntó que, una vez que Simonovis se recupere de sus dolencias, su defendido volvería a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, porque "así lo establece la ley" aunque afirmó que el restablecimiento de la salud del comisario "puede llevar mucho tiempo".
Indicó además que a su defendido se le prohibió hacer declaraciones a la prensa y a través de su cuenta en la red social Twitter.
La concesión de una medida humanitaria de excarcelación a Simonovis fue uno de los temas de la agenda del diálogo emprendido por el Gobierno y la oposición para dar salida a la crisis que surgió con las protestas que desde febrero convulsionaron el país con más de 40 muertos y cientos de heridos.
El tema Simonovis fue uno de los que trabaron ese diálogo, que finalmente fue congelado el 13 de mayo por la oposición al considerar que no podía continuar conversando con el Ejecutivo de Nicolás Maduro sin que se produjeran "gestos".