El encarcelado expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina podría enfrentar un juicio por corrupción luego de que la justicia acogió este miércoles 27 de julio nuevos cargos en su contra, por un escándalo adicional al que lo obligó a renunciar el año pasado a su mandato.
El juez Miguel Ángel Galvez decidió procesar al exmandatario por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, por el financiamiento ilícito en la campaña de 2011, cuando alcanzó el poder; defraudación fiscal y cobro de comisiones para adjudicar contratos millonarios entre el Estado y empresas privadas.
Gálvez negó que su decisión fuera "por el clamor popular o por presiones de los organismos internacionales", como han dicho los representantes de Pérez.
En el mismo caso fue procesada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como otras 51 personas entre exfuncionarios y particulares. Cuatro sindicados quedaron fuera del proceso por falta de pruebas.
Entre los procesados figuran los dos exministros de la Defensa, Manuel López y Ulises Anzueto, así como los exministros del Interior, Mauricio López Bonilla, y Cultura, Dwight Pezarozzi.
Tras la audiencia, que se prolongó cinco días, los procesados entran a una fase llamada 'intermedia', en la cual un juez deberá determinar si enfrentan un juicio oral y público.
Otto Pérez expresó a periodistas su complacencia con la determinación al indicar que "fue una resolución apegada a derecho", al dejar fuera los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación ilegal.
Asimismo, el exgobernante pidió que se anexaran los otros dos casos por los que fue procesado, uno por defraudación aduanera y otro por un contrato anómalo entre el Estado guatemalateco y una empresa española para operar un puerto en el Pacífico sur.
En 2015, el último año de su gobierno, Pérez y Baldetti se vieron involucrados en un escándalo de corrupción tras el desmantelamiento de una red de defraudación aduanera.
La acusación provocó una avalancha de indignación y masivas protestas callejeras que los obligaron a renunciar.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU para apoyar al sistema de justicia en el país.
La justicia les incautó varias mansiones de lujo, carros, lanchas, helicópteros y avionetas como parte del proceso.