El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca reveló este jueves ante un tribunal cómo desvió parte de los 301 millones de dólares de fondos públicos que se le imputan, durante su gestión de 2004 a 2009.
Saca, de 53 años, también dio detalles sobre el desvío de unos 50 millones de dólares, en el tercer día de la audiencia en un tribunal de San Salvador que le juzga por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.
El expresidente y tres colaboradores admitieron el martes pasado delitos de corrupción a cambio de un "juicio abreviado" para reducir a menos de 10 años la pena de prisión a la que están expuestos. Saca completará en octubre dos años de estar detenido.
Este jueves, Saca confesó que recibió cheques por 13.3 millones de dólares que luego entregó a su secretario privado, Elmer Charlaix, para que los depositara en alguna de las 16 cuentas bancarias que abrieron.
Indicó además que su gabinete recibía sobresueldos de entre 5 mil y 10 mil dólares mensuales.
Parte de los fondos desviados los utilizó para incrementar de 5 mil a 60 mil dólares por mes el salario que tenía como administrador del grupo de radios privadas de su propiedad.
Además, dijo que transfirió 400 mil dólares al partido que lo llevó al poder, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).
Sin embargo, la investigación fiscal determinó que transfirió en total 7.6 millones de dólares al partido Arena.
Según la fiscalía, Saca ha dicho que transfirió a terceros poco más de 50 millones de dólares, lo cual implica que los restantes 250 millones desviados fueron para su beneficio particular.
"Aquí se ha venido a un juicio a aceptar culpabilidad, a aceptar condena y a hacer una propuesta de devolución de bienes", comentó por su parte Mario Machado, el abogado de Saca.
Machado dijo que el "error" en el juicio es hablar de 300 millones, porque esa cantidad fue el presupuesto de la casa de gobierno en los cinco años de gestión.
"Gran parte del dinero se utilizó para actuaciones meramente propias de la presidencia y otra gran parte no, pero los 300 millones no debería ser el parámetro de juzgamiento", sostuvo Machado.