El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca aseguró este viernes 4 de noviembre, al término de una audiencia judicial, que durante su mandato “nunca” violó la ley en el manejo de fondos públicos y se declaró inocente de desviar 246 millones de dólares.
“Nunca hemos manejado fondos fuera del presupuesto, soy respetuoso de la ley y eso lo demostraremos en el proceso”, señaló el exmandatario al abandonar la sala de audiencias, en relación con los cargos de la fiscalía que lo responsabiliza del millonario desvío.
Uno de sus abogados, Mario Machado, explicó a la prensa que la jueza Nelly Pozas decidirá el sábado si Saca y seis de sus colaboradores afrontarán en libertad o en prisión el proceso por los delitos de corrupción que les imputa la Fiscalía.
El expresidente aseguró en la audiencia la Fiscalía hizo señalamientos “totalmente falsos” en su contra, como hacer “presunciones” de que él tendría propiedades compradas con fondos públicos en países como Costa Rica, República Dominicana o Emiratos Árabes Unidos.
“Voy a enfrentar este juicio”, dijo Saca en tono firme, tras insistir en que quiere “decirle a todos los salvadoreños que confiaron en mí para llevarme a Casa Presidencial que yo cumplí la ley mientras estuve en el cargo y que me siento con mi conciencia tranquila de todo lo actuado al igual que mis funcionarios”.
Saca, de 51 años, gobernó el país entre 2004 y 2009 bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pero al final de su mandato fue expulsado de esa agrupación derechista.
El expresidente, un empresario de radio, fue detenido junto a seis de sus colaboradores, acusados por la Fiscalía de desviar 246 millones de dólares de fondos públicos.
Por este caso también están detenidos el exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, los exfuncionarios Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Artiaga y Alberto Herrera, así como el expresidente de la empresa estatal de aguas César Funes y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank.
Saca también tiene un juicio civil desde principios del año por presunto enriquecimiento ilícito de más de cuatro millones de dólares.