La exprimera dama de Perú Nadine Heredia, que está siendo investigada por un supuesto lavado de activos, recibirá inmunidad a través de su nuevo puesto en una agencia de Naciones Unidas en Ginebra, informó la ONU el viernes.
"Los privilegios y las inmunidades se extienden al personal de todas las agencias de la ONU, y los miembros del personal de agencias especializadas en el ejercicio de sus funciones", dijo en un comunicado la portavoz de la ONU, Alessandra Vellucci.
Vellucci respondía así a las dudas que suscitaba el nombramiento de Nadine Heredia como directora de la Oficina de Enlace de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, ante la sede de la ONU en Ginebra.
El nombramiento causó polémica en Perú, donde Heredia está acusada, junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, de blanquear 1.5 millones de dólares supuestamente donados para financiar su campaña para las presidenciales de 2006 y 2011.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el martes que había expresado ante el representante de la FAO en Perú "el desagrado y la protesta del Gobierno peruano por una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú".
Vellucci, que rechazó pronunciarse sobre la elección de personal por parte de la FAO, explicó que se otorga inmunidad y privilegios a los funcionarios de las agencias especializadas de Ginebra a través de un acuerdo especial entre la ONU y Suiza.
Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores suizo, Pierre-Alain Eltschinger, explicó a la AFP que ese tipo de inmunidad protege a los altos funcionarios de cualquier tipo de investigación judicial.
Para que esa inmunidad sea levantada, Perú deberá dirigirse por los canales oficiales al Gobierno suizo, que si lo aprueba, pedirá a su vez a la ONU que retire los privilegios a la persona en cuestión.
Heredia tenía prohibido abandonar Perú mientras es investigada, pero un juez levantó el veto recientemente. Por su parte, Humala, cuyo mandato finalizó en julio, tiene prohibido salir del país.
La fiscalía cree que los fondos blanqueados procedían del Gobierno de Venezuela, entonces dirigido por Hugo Chávez, y de dos grandes empresas de construcción brasileñas. Si son declarados culpables, ambos podrían enfrentar de 8 a 10 años de prisión.