Familiares del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, asesinado en cautiverio en Colombia por disidentes de las FARC, consideraron una "burla" la información reservada que les entregó el gobierno sobre el caso.
Los documentos, proporcionados en mayo pasado, fueron revisados por primera vez este miércoles 25 de julio en Quito, con ocasión de la visita de un equipo especializado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizará -a pedido del gobierno- la actuación de las autoridades durante el secuestro de los periodistas.
"Hemos sido burlados, es una vergüenza", declaró a la prensa Cristian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra, tras revisar la documentación.
Según los familiares, las autoridades les suministraron, entre otras cosas, cartas de condolencias de embajadas, copias de credenciales de prensa y una bitácora en la que consta que el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y Segarra cruzaron un retén militar en la población fronteriza de Mataje para realizar un reportaje el 26 de marzo, cuando fueron secuestrados.
"Nos engañaron, nos siguen engañando. El 80% de la información entregada el día de hoy es pública. ¿Que información reservada nos entregan?", expresó Segarra.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo, manifestó que harán un nuevo pedido de información a las autoridades ecuatorianas y colombianas, debido a que no encontraron datos sobre operaciones militares ni de las reuniones del comité de crisis que conformó el gobierno del presidente Lenín Moreno.
"No sé si realmente indignarme o sonreírme de la posición del gobierno nacional (...) Las familias nos sentimos burladas", manifestó.
El equipo especial de la CIDH permanecerá en Ecuador hasta el viernes para analizar las decisiones que tomaron las autoridades durante el secuestro de Ortega, Rivas y Segarra, cuya muerte fue confirmada el pasado 13 de abril.
El hallazgo de los cuerpos el 22 de junio puso fin a meses de zozobra, durante los cuales las familias criticaron a los gobiernos de Ecuador y Colombia por la información contradictoria que ofrecieron sobre el caso.
"Había muchas contradicciones, había muchos desfases en la comunicación. Ahora es evidente a través de los papeles que son entregados al equipo de seguimiento especial de la CIDH", dijo Rivas.
A raíz del asesinato de los trabajadores de El Comercio, Colombia y Ecuador lanzaron una cacería contra el ecuatoriano Walther Arizala, exguerrillero de las FARC conocido con el alias de "Guacho", quien se adjudicó el triple crimen.
"Guacho" es acusado por el ejército colombiano de operar como brazo armado del cártel mexicano de Sinaloa. También está señalado por el secuestro y asesinato de una pareja de ecuatorianos.