La campaña del presidente filipino Rodrigo Duterte por el restablecimiento de la pena de muerte ha salvado un obstáculo en el Congreso, donde el proyecto de ley –considerado "inhumano" por la oposición– recibió respaldo.
El texto contempla bajar a los nueve años la edad de responsabilidad penal y es uno de los pilares de la guerra emprendida por el presidente contra la droga que ha causado más de 6 mil 500 muertos.
Una mayoría de los diputados de la cámara baja adoptó el texto en segunda lectura el miércoles por la noche.
Se necesita un voto en tercera lectura para su adopción, prevista la semana que viene. No se debatirá más y su aprobación es una mera formalidad.
El Senado, dominado por los simpatizantes de Duterte, adoptará un texto similar. "Hemos superado la principal dificultad", declaró a la AFP el diputado Reynaldo Umali, defensor del restablecimiento de la pena capital 11 años después de su abolición.
La oposición ha puesto el grito en el cielo por considerar que podría desembocar en la ejecución de inocentes, entre otros factores, debido a la corrupción del sistema judicial.
"Esta decisión es inhumana, vergonzosa y burdamente irrespetuosa", declaró el sacerdote Jerome Secillano, secretario de relaciones públicas de la conferencia episcopal católica, en un comunicado enviado a la AFP.
"Los criminales tienen que ser castigados y las víctimas ayudadas, pero el castigo no debe ser la muerte. A causa del mal funcionamiento y los defectos de nuestro sistema penal, el riesgo de que personas inocentes acaben siendo víctimas de errores judiciales es muy alto".