El consorcio italiano Finmeccanica dejó claro que se reserva el derecho “a tomar decisiones o a asumir posiciones con la finalidad de proteger sus intereses y su imagen”, frente a los reclamos del Gobierno panameño por las deficiencias de los radares adquiridos por $125 millones.
Esta declaración es el resultado de la reunión que, el pasado viernes, sostuvieron directivos y abogados del grupo comercial con el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera; el embajador designado de Panamá en Italia, Fernando Berguido, y representantes de la Cancillería.
Los señalamientos están contenidos en una nota de prensa de Finmeccanica, divulgada hoy vía correo electrónico por la Embajada de Italia en Panamá, “a título de colaboración”.
En ese comunicado, la empresa dijo que comparte la “necesidad” del gobierno de Juan Carlos Varela de “aclarar lo antes posible la hipótesis de comportamiento ilícito” que pesa sobre el conglomerado y que actualmente es dirimido en tribunales de Roma.
En la reunión del pasado viernes, Aguilera reiteró que el Estado panameño mantiene su intención de emprender acciones penales por corrupción, a nivel local o internacional, por las deficiencias en los 19 radares que en el 2010 adquirió Panamá –entonces gobernada por Ricardo Martinelli- a la empresa Selex, una subsidiaria de Finmeccanica.
Los radares, que costaron $125 millones, fueron adquiridos como parte de la estrategia para enfrentar el narcotráfico, pero son incapaces de detectar las pequeñas lanchas que utiliza el hampa para transportar estupefacientes. En total, la administración Martinelli pactó compras con Finmeccanica por $250 millones, que incluyen, además de los radares, un mapa cartográfico y helicópteros.
En Roma, Valter Lavítola, que alguna vez fue identificado como un personaje “instrumental” en la relación entre Italia y Panamá, será enjuiciado el próximo jueves por el presunto desvío de $25 millones en coimas por las compras a Finmeccanica.