Finmeccanica en más problemas: Argelia

Una nueva investigación se cierne sobre Finmeccanica por venta de helicópteros. Una nueva investigación se cierne sobre Finmeccanica por venta de helicópteros.
Una nueva investigación se cierne sobre Finmeccanica por venta de helicópteros. Tomado de internet

Finmeccanica está de nuevo bajo la lupa judicial italiana. Esta vez, las denuncias por corrupción internacional tienen como principal escenario Argelia, en el norte de África.

La Fiscalía de Busto Arsizio (en el norte de Italia) –que destapó el escándalo del pago de coimas por parte de directivos del holding italiano al Gobierno de la India para asegurar un contrato en la venta de 12 helicópteros, por un monto de más de 500 millones de euros– ha vuelto a abrir diligencias contra AgustaWestland, una de las empresas subsidiarias de Finmeccanica.

Agentes de la Guardia de Finanzas de Italia han ejecutado más de 40 registros en varias provincias italianas con el fin de completar la investigación que acusa a exdirigentes de AgustaWestland de haber creado fondos negros con dinero ilícito.

Según los investigadores, los exdirectivos de la filial de Finmeccanica habrían orquestado el pago de coimas a funcionarios del país africano mediante facturación mendaz para garantizar la adjudicación del contrato de venta de helicópteros al Gobierno de Argelia, de 2009 a 2011.

Las indagaciones de la Fiscalía contra Finmeccanica están desvelando lo que parece una continuidad delictiva a nivel internacional, más propia de una organización criminal que de una empresa en la que el Estado italiano tiene acciones.

En todos los casos de corrupción internacional ligados a Finmeccanica descubiertos hasta ahora, existe un comisionista que ha enriquecido su patrimonio personal desviando parte de los fondos recaudados ilegalmente.

En el caso de Panamá, Valter Lavítola es el intermediario que debía beneficiarse –junto a funcionarios del Ejecutivo de Ricardo Martinelli, según las investigaciones judiciales– de los 25 millones de dólares en supuestas coimas que intentaron ser desviados a través de la sociedad Agafia Corp. en los contratos de venta de cartografía digital, helicópteros y radares. De hecho, es el principal imputado por los procesos de corrupción internacional Italia-Panamá.

Sin embargo, a pesar de que para los fiscales es clara la responsabilidad de algunos funcionarios del gobierno anterior, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, como parte pasiva de la corrupción, ningún político panameño podrá ser procesado por este delito, al menos en Italia.

La Convención de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), firmada en 1997 en París, por la que se rige Italia, criminaliza solo aquellas personas físicas o jurídicas que protagonicen la llamada corrupción activa en operaciones económicas ilícitas: en este caso Valter Lavítola. En cambio, la parte que recibe las coimas –o en lenguaje legal, la corrupción pasiva–, que según el auto judicial hay algunos funcionarios panameños involucrados, entre ellos el propio Martinelli, no podrá ser perseguida por la magistratura italiana.

El director del departamento legal de la OCSE, Nicola Bonucci, ha explicado a La Prensa que la naturaleza del delito corruptivo necesita de las dos partes –corruptor y corrupto– para concretarse, pero que “en el ámbito de la corrupción pasiva es el país de origen del funcionario el que debe perseguir el delito”, en este caso, Panamá.

Y añade: “Hay un problema de extraterritorialidad. Es difícil imaginar que un fiscal italiano se declare competente respecto a un servidor público de Panamá”.

Antes de 1997, cuando 34 países europeos firmaron este acuerdo, las normas de los países de la OCSE no tipificaban como delito la corrupción de un funcionario extranjero. El único país que condenaba estas prácticas era Estados Unidos. Sin la OCSE se habría invalidado cualquier acción judicial italiana contra Valter Lavítola por corrupción internacional en Panamá. “Si una empresa italiana corrompe a un funcionario del Municipio de Roma, la justicia italiana podía procesarlo; [pero] si la misma empresa corrompía a un funcionario del Municipio de París, no”, explicó.

Asimismo, ha reconocido que en aquellos países en los que no se respeten los principios democráticos básicos, esta limitación en la competencia judicial de los países de la OCSE “es un verdadero obstáculo”. “La mismas empresas se lamentan de este problema porque ellas asumen sus responsabilidades, pero preguntan ¿qué sucede en la otra parte?”, comentó Bonucci.

Lavítola acumula dos condenas de tres años y 11 meses de prisión por casos que tienen que ver con Panamá. El próximo 11 de junio volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, junto al ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere, por corrupción internacional en Panamá.

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