La fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró este lunes 12 de junio que miembros de su familia son amenazados y perseguidos, luego de que se distanciara del gobierno de Nicolás Maduro.
"Quisiera hacer responsables a las autoridades del Estado venezolano, especialmente el Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas", dijo Ortega en entrevista con Unión Radio.
La funcionaria explicó que sus familiares han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas, y han sido acosados y perseguidos.
"Los persiguen, patrullas que parecen ser del Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia]. Les mandan mensajes directamente del Sebin; el Sebin depende del Ejecutivo", señaló.
Luisa Ortega aclaró que ella no ha sido amenazada, pero algunos voceros del Gobierno han dicho en televisión que "debería ir presa".
"Este es un tema que tienen que resolver conmigo, no con mi familia. Yo hago responsable de cualquier daño, cualquier lesión, agresión, que pueda sufrir toda mi familia, al Ejecutivo", subrayó.
La fiscal, confesa chavista, se distanció de Maduro desde que el 31 de mayo consideró una "ruptura del orden constitucional" una decisión con la que el máximo tribunal -acusado por la oposición de servir al gobierno- se adjudicó las funciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.
El pasado jueves, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un "recurso de nulidad" contra la Asamblea Constituyente que impulsa Maduro para reformar la carta magna, por considerar que antes de convocar su elección [para el 31 de julio] debió consultarse a los ciudadanos en referendo si deseaban modificar la Constitución.
La Corte declaró inadmisible esa solicitud de la funcionaria, "por inepta acumulación de pretensiones", lo que llevó a la fiscal a impugnar el nombramiento de 13 magistrados titulares y 20 suplentes, hecho en diciembre de 2015 por la mayoría parlamentaria chavista, antes de que la oposición asumiera el control del Legislativo.
Según Ortega, ella no firmó el acta de preselección de candidatos a magistrados, requisito de la ley para que luego el Parlamento realice la selección definitiva. Venezuela atraviesa una intensa crisis política con protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro del poder y han dejado al menos 67 muertos.