La Fiscalía de Bolivia pedirá una condena de 12 años de cárcel contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por legitimación de ganancias ilícitas, pero la liberó del cargo de tráfico de influencias, informó el jueves el fiscal general, Ramiro Guerrero.
"El Ministerio Público va a pedir una pena de hasta 12 años de cárcel para la señora Zapata", dijo Guerrero, quien anunció que la fiscalía "ha presentado una acusación y está en condiciones de demostrar que ha existido la comisión de esos delitos".
Zapata, que está en prisión preventiva desde febrero, está acusada además de asociación delictuosa, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
"El delito más grave en este caso es la legitimación de ganancias ilícitas, que tiene una pena de cinco a diez años", explicó el fiscal, pero la condena se elevaría (a 12 años) "considerando el concurso de delitos" anexos.
La expareja del presidente era gerente de CAMC, una firma china que se adjudicó contratos con el Estado boliviano por 560 millones de dólares.
El propio gobierno reconoce que ella despachó desde dependencias públicas.
Zapata aseguró que había tenido un hijo con el presidente, en un caso que desató un escándalo en Bolivia que le costó a Morales la victoria en un referéndum en febrero, en el que buscaba ser validado para postular a un cuarto mandato (2020-2025).
Recientemente, la justicia boliviana dictaminó la "inexistencia física comprobada" del supuesto hijo. Ella aseguró que el niño murió.
Inicialmente, Zapata también estaba acusada de uso indebido de influencias en grado de complicidad y enriquecimiento ilícito de particulares en afectación del Estado. Pero la fiscalía retiró esos cargos pues considera que son causas sobreseídas.
Morales -a quien la oposición también acusó de tráfico de influencias- y la empresa china CAMC también habían sido exonerados de responsabilidad por parte del Congreso, de mayoría oficialista.
Según la senadora opositora Elba Pinckert, el sobreseimiento considerado por el Ministerio Público "nos deja mucha duda de que la detención de la señora Zapata ha sido pactada y no sería raro que en unos meses más va a estar libre".
Para el diputado opositor Joaquín Monasterio, esta decisión de liberarla de algunos cargos, "desnuda que este gobierno no tiene moral para hablar de corrupción".