El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llevará al Tribunal Supremo el bloqueo a sus medidas migratorias, cuya suspensión fue avalada este lunes por una corte de apelaciones, informó este martes el Departamento de Justicia.
"El Departamento no está de acuerdo con el fallo adverso del Quinto Circuito y tiene la intención de buscar una nueva revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos", indicó el portavoz del Departamento de Justicia, Patrick Rodenbush.
La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el Alto Tribunal, máxima instancia judicial del país, era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales de 2016.
Un fallo favorable de la Corte Suprema es visto por los defensores de derechos de los inmigrantes y la Casa Blanca como la última esperanza para que los programas impulsados por el mandatario surtan efecto antes que el presidente finalice su periodo al frente del país en enero de 2017.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU, con sede en Nueva Orleans, falló este lunes en contra de dos medidas clave destinadas a evitar las deportaciones de millones de indocumentados.
Así, el bloqueo a la Acción Diferida (Daca) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (Dapa) se mantendrá durante, al menos, varios meses hasta que el Supremo se pronuncie.
Daca ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y Dapa, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que las medidas ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.
Obama decidió hacer uso de su poder ejecutivo para dar alivio migratorio a millones de inmigrantes después de que el Legislativo, controlado por la oposición republicana, fuera incapaz de aprobar una reforma migratoria integral que pusiera fin a un sistema que tanto demócratas como conservadores consideran "roto".