El gobierno colombiano y las FARC acordaron este viernes en La Habana la puesta en marcha de un programa para la sustitución de cultivos ilícitos y la no resiembra en un municipio del noroeste, se informó oficialmente.
El programa anunciado en la jornada, que arrancará el 10 de julio, contará con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.
"Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo para poner en marcha un esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el municipio de Briceño", en el departamento de Antioquia, explicaron las partes en un comunicado de prensa conjunto.
Es la segunda vez en un año que Briceño es escogida como epicentro de los avances del proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Allí, desde mediados del año pasado, se puso en marcha un programa de desminado humanitario o de erradicación de minas antipersonal.
De acuerdo con el reporte oficial, el programa de sustitución de cultivos ilícitos se adelantará en 10 veredas de Briceño, entre ellas El Orejón, donde también se lleva a cabo el de desminado.
En mayo de 2014 las delegaciones anunciaron que habían llegado a un acuerdo en uno de los puntos más importantes de la negociación: la lucha conjunta entre el gobierno y las FARC contra el narcotráfico.
Desde fines de 2012, la administración de Santos y las rebeldes FARC adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de medio siglo de hostilidades.
Hasta ahora las delegaciones negociadoras han conseguido acuerdos en temas clave como una reforma agraria, la participación en política de los rebeldes, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado, la erradicación de las minas antipersonal, el blindaje jurídico y político a los puntos que se acuerden en la mesa de negociación y la justicia transicional, es decir, la forma en que los actores del conflicto armado pagarán por sus crímenes.
Quedan por resolver asuntos complejos como el cese bilateral del fuego, la entrega de las armas por parte de los guerrilleros y, sobre todo, su desmovilización.
La víspera, el fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, dijo que la entidad a su cargo tenía pruebas de que "las FARC han participado en toda la cadena de valor criminal del narcotráfico".
Prácticamente todos los principales jefes de las FARC, entre ellos los del llamado secretariado o máxima línea de mando de la organización, están solicitados en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.