El gobierno de Nicaragua arremetió este jueves contra opositores llamándoles "cómplices" y "serviles" por negarse a pedir a Estados Unidos la suspensión de las sanciones impuestas a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega.
La delegación del gobierno en las negociaciones con la oposición dijo en un comunicado que ha insistido en la suspensión de esas sanciones. "Eludir ese reclamo es declararse cómplices (...) de políticas injerencistas", señaló.
Estados Unidos aplicó sanciones económicas a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Laureano Ortega y otros cinco funcionarios, señalados de violación de derechos humanos y actos de corrupción.
También fue sancionado el Banco Corporativo S.A (Bancorp), por supuestos vínculos con la petrolera estatal venezolana Pdvsa y Alabanisa, una empresa mixta de ambos países.
El Bancorp solicitó la semana pasada su disolución al ente regulador del sistema financiero porque "se encontraba imposibilitado de seguir haciendo negocios" tras la sanción.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunció el miércoles que podría llamar a suspender las sanciones al final de las negociaciones para superar la crisis en Nicaragua y una vez que el gobierno cumpla los acuerdos alcanzados.
No obstante, el gobierno calificó esa respuesta opositora como una "actitud servil y desvergonzada", agregó el comunicado.
Ortega, quien no se había pronunciado sobre las sanciones, calificó este martes de "miserias humanas" a quienes se alegran por esas medidas estadounidenses, que a su juicio afectan a todos los nicaragüenses.
Pese a las posiciones encontradas, ambas partes acudieron este jueves a la sede del diálogo, en una escuela de administración de empresas en el suroeste de Managua.
El bloque opositor insistió en que el objetivo de estos encuentros es la liberación de todos los detenidos con apoyo de la Cruz Roja Internacional y la invitación de garantes internacionales para vigilar el cumplimiento de acuerdos.
Las sanciones de Estados Unidos son parte de las presiones para que Ortega adopte cambios políticos, en medio de la crisis que sufre el país hace un año y que ha dejado 325 muertos, unos 800 manifestantes detenidos y miles de exiliados.