BOGOTÁ, Colombia (EFE).- El ministro colombiano de Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó este lunes que la exsenadora Piedad Córdoba, quien abandonó el país la semana pasada por amenazas y seguimientos que ella consideró sospechosos, tenía un "esquema duro" de protección con al menos ocho escoltas.
Indicó asimismo que Córdoba no había alertado al Ministerio de ninguna alteración en la seguridad que se le garantizaba en colaboración con la Policía Nacional, y consideró probable que esa institución tenga algún dato más al respecto.
Con estas palabras Vargas Lleras zanjó las preguntas de los periodistas sobre la situación de Córdoba, quien anunció su salida del país el mismo día en que el expresidente lvaro Uribe declaró ante el Congreso por su supuesta implicación en un escándalo de escuchas, y volvió a citar a la exsenadora liberal.
Al día siguiente, el abogado de Córdoba aclaró que esas amenazas eran fruto de los ataques de Uribe contra la exlegisladora y el silencio del actual presidente, Juan Manuel Santos.
Aún así, el ministro Vargas Lleras anunció hoy, en un encuentro con periodistas, que el Gobierno está estudiando un nuevo esquema de protección individual dirigido a personas que denuncian estar amenazadas en Colombia.
Este nuevo esquema, dependiente del Ministerio del Interior y que se aplicaría de cara a las próximas elecciones locales del 30 de octubre, busca unificar en una sola agencia la protección de todas las poblaciones vulnerables bajo una misma responsabilidad, optimizar recursos y amparar un mayor número de particulares.
Esta única agencia evaluará en un solo programa los riesgos que afrontan defensores de Derechos Humanos, periodistas, jueces, fiscales, testigos, víctimas, reclamantes de tierras y desmovilizados de antiguos procesos de paz.
El ministro recordó que algunas quejas recibidas apuntan a que la Policía Nacional, dependiente en Colombia del Ministerio de Defensa y aliada en este programa, "no tiene suficientes elementos de juicio cuando evalúa el riesgo de una persona", de ahí la necesidad de unificar la responsabilidad.
Vargas Lleras destacó que Colombia es el único país en el mundo que garantiza la seguridad de personas amenazadas con un programa de estas características, en el que invierte 345 mil millones de pesos anuales (más de 193 millones de dólares), cifra que se vería reducida de ser aprobado el nuevo esquema.
Con los recursos ahorrados, se espera amparar a unas 10 mil personas más que se encuentran en riesgo.
El ministro revisó también el desarrollo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, firmada el pasado 10 de junio, y adelantó que será su cartera la que se encargue asimismo de la protección de vÍctimas de restitución de tierras cuando se expida el decreto, que aún debe ser presentado al Congreso y pasar por la Corte Constitucional.
Estimó que dicho decreto podría ser expedido el próximo 1 de diciembre y entraría en vigor en enero de 2012.
