El capo mexicano recapturado en enero, Joaquín El Chapo Guzmán, ha emprendido una "estrategia mediática" con el objetivo de "relajar su vigilancia" en la cárcel de máxima de seguridad de El Altiplano (centro), denunció este lunes el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales.
Familiares y abogados han dado una serie de entrevistas en las últimas semanas en las que han sostenido que las autoridades maltratan a Guzmán y han puesto en peligro su salud al despertarlo todos los días a las dos de la mañana.
"Existe por parte de este individuo, de su defensa y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática", pero "no vamos a ceder ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia", advirtió Sales.
Como parte de esa estrategia, el funcionario señaló las declaraciones de Rosa Isela Guzmán al diario The Guardian, que la identificó como una hija del capo que vive en California.
En la entrevista, ella aseguró que El Chapo pisó dos veces Estados Unidos estando prófugo y que pagó políticos mexicanos a cambio de protección.
"Se trata de señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones", reviró Sales.
"Que quede claro, ni treguas, ni alianzas ni pactos con el crimen", aseguró el comisionado.
El domingo en una carta que difundieron los periódicos mexicanos Milenio y Reforma, remitida por uno de los abogados de El Chapo, su esposa Emma Coronel dijo que ni ella ni la familia conocen a Rosa Isela y que se le pedirá una prueba de ADN.
El gobierno investiga la identidad de la supuesta hija, se limitó a decir este lunes a los medios, Gustavo Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
José Refugio Rodríguez, uno de los abogados de Guzmán, dijo incluso el 2 de marzo a la AFP que, "desesperado", el capo pidió agilizar su proceso de extradición a Estados Unidos.
Pero José Manuel Merino, director general de Procedimientos Institucionales de la fiscalía general aseguró que el gobierno no tiene conocimiento de "ningún instrumento" jurídico promovido en ese sentido por su defensa.