El gobierno de Venezuela extendió este lunes 60 días el decreto de emergencia económica propuesto por el Ejecutivo, con la finalidad de activar los espacios productivos y recuperar el sector financiero, afectado tras la caída de los precios petroleros.
La medida obedece a que "persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de Emergencia Económica", situación que ha sido admitida por diversos sectores que hacen vida en el territorio, indicó el gobierno a través de la Gaceta Oficial.
El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, concordó con la legalidad de la oficialización de esta prórroga por 60 días más, al señalar que todavía no se logra solventar el problema económico que atraviesa la nación suramericana.
Ese mismo argumento sostuvo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien afirmó que "sólo se podrá negar la prórroga (del decreto) si las condiciones de la emergencia han cesado" durante su primera declaratoria.
Con la extensión de la medida se prevé "adoptar medidas que profundicen el impacto positivo en la economía nacional, reforzando los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, y todas las reivindicaciones obtenidas por los venezolanos", según se reseña en la "Gaceta Oficial".
Se prevé que a solicitud de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) de mayoría opositora, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz comparezca mañana martes ante el hemiciclo con la finalidad explicar los logros alcanzados durante los primeros 60 días del Decreto de Emergencia Económica.
"Sería objeto de evaluar con la comparecencia del profesor (Aristóbulo) Istúriz, para que nos ofrezca detalles de los logros y alcances de este decreto durante los últimos 60 días que ha tenido vigencia", afirmó el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, a fin de considerar la prórroga en el órgano Legislativo.
En un inicio, la derecha parlamentaria se opuso a la aprobación del documento tras condicionar su beneplácito a la interpelación de varios ministros y jefes de instituciones públicas, hecho que fue rechazado por el gobierno.
Entre las líneas de acción del decreto, aprobado el pasado 14 de enero, se encuentran la asignación de recursos económicos extraordinarios en sectores esenciales como salud, alimento, educación y vivienda.
También se halla la implementación de medidas para reducir la evasión fiscal; utilizar recursos provenientes del ejercicio económico financiero de 2015 para la inversión en misiones sociales y abastecimiento a corto plazo.
De igual forma permitirá agilizar las compras del Estado, el tránsito de mercancías, aumentar los niveles de producción, estimular la inversión extranjera y consolidar el sistema de misiones y grandes misiones.