El gobierno colombiano admitió el lunes que desconoce cuántos menores de edad están en las filas de la guerrilla, un día después de que la administración del presidente Juan Manuel Santos y las FARC acordaran la salida de los menores de 15 años y un programa especial para su atención.
"No hay información sobre el número de niños y niñas que están actualmente en la guerra", dijo por teléfono a The Associated Press Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos.
Gaviria explicó que el compromiso firmado el domingo en La Habana implica que "las FARC se comprometan a entregar esa información no solamente de los menores de 15 años sino de todos los niños y niñas menores de 18 años".
La funcionaria celebró el acuerdo y destacó que "lo bueno es que se hizo antes de que se firme la paz" porque "normalmente este tipo de decisiones se toman al final" de las negociaciones.
La Fiscalía General ha dicho que investiga por lo menos 3 mil casos de reclutamiento de menores.
Como parte del acuerdo se estableció que los menores de 14 a 18 años podrían ser beneficiarios de indultos y amnistías por delitos relacionados con la rebelión.
Asimismo se estableció que luego de la firma del acuerdo final el gobierno colombiano tramitará las medidas necesarias para que todos los menores que hayan salido o vayan a salir de los campamentos de las FARC y se encuentren procesados o condenados por delitos no pasibles de amnistía o indulto queden a disposición de una jurisdicción especial que examine sus responsabilidades.
En febrero las FARC habían anunciado que finalizarían el reclutamiento de menores de 15 años.
Desde fines de 2012 la administración de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan adelante en La Habana un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno.
Hasta ahora las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos en temas clave como la reforma agraria, la participación en política de los guerrilleros, la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de las minas antipersonales, el resarcimiento a las víctimas y la forma en que los actores del conflicto armado pagarán por sus delitos.
Aún quedan por resolver puntos complejos como el cese bilateral del fuego, el abandono de las armas por parte de los insurgentes y las zonas de ubicación transitoria de los guerrilleros