El expresidente Otto Pérez Molina, acusado de actos de corrupción, tenía una lujosa casa de campo que la justicia le ha confiscado y a partir del jueves funcionará como Centro de Adiestramiento de guardias penitenciarios.
Francisco Rivas, Ministro de Gobernación, dijo que este acto demuestra cómo la justicia podría devolver a la población guatemalteca lo sustraído por aquellos que "abusaron de la confianza que el pueblo les dio".
Rivas explicó que la propiedad está a punto de perder su dominio —proceso que en Guatemala se conoce como "extinguir"— y que les ha sido entregada para su uso.
Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti renunciaron a sus cargos en 2015 en medio de acusaciones por actos de corrupción y tras la presión ciudadana para que abandonaran el gobierno.
Tras su salida fueron enviados a prisión, desde donde esperan saber si irán a juicio.
La propiedad de 16.7 hectáreas, valorada en 2.3 millones de dólares, contrasta con la extrema pobreza de las casas vecinas y las polvorientas calles sin asfaltar.
La casa, con acabados en finas maderas y piedra, tiene varias habitaciones, jacuzzi y caballerizas. Según empleados del lugar, era visitada frecuentemente por Pérez Molina, especialmente durante fines de semana, cuando se hacía acompañar por su esposa o por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
El lugar se ubica en el municipio de Zaragoza, del departamento de Chimaltenango, a unos 65 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.
Rivas explicó que la propiedad debió readecuarse para cumplir con su nueva función y que fue saqueada antes de que se les entregara. A su alrededor hay plantaciones de aguacate y el gobierno subastó la primera cosecha en 66 mil dólares, monto que ingresará a las arcas del estado para beneficio de la población.
Al menos 85 guardias se capacitarán en el nuevo centro, que cuenta con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana.
La capacitación durará tres meses y una vez finalizada, los guardias trabajarán en diferentes prisiones. Alrededor de 60% se compone por personal femenino, que trabajará en cárceles de mujeres.