Madres de desaparecidos en el estado mexicano de Veracruz exigieron este sábado en Guatemala la pronta extradición del exgobernador Javier Duarte, detenido hace una semana en este país centroamericano por cargos de corrupción en México.
Frente a una base militar en el centro de Ciudad de Guatemala, donde se encuentra recluido Duarte, cuatro mujeres pidieron que se agilice el proceso de extradición del político, al que responsabilizan de múltiples desapariciones y violaciones de derechos humanos.
Duarte "debe responder por todas las desapariciones y ejecuciones que se realizaron en Veracruz durante su mandato" entre 2010 y 2016, dijo a la radio local Emisora Unidas Aracely Salcedo, madre de una joven desaparecida hace cinco años.
Javier Duarte fue detenido el pasado 15 de abril en un hotel del turístico municipio guatemalteco de Panajachel, a orillas del Lago Atitlán, por petición de México, a través de Interpol.
El miércoles pasado, durante la primera audiencia para el proceso de extradición, el exgobernador afirmó que no se opondrá al retorno a México toda vez que su país formalice la petición al Estado guatemalteco.
El viernes la cancillería de Guatemala notificó a la embajada mexicana sobre lo acontecido en la audiencia y fijó los 60 días que establece la ley para que se presente la solicitud formal para extraditar a Duarte, de 43 años.
La extradición debe ser "lo antes posible, para ser juzgado y castigado", agregó Salcedo, quien busca saber el paradero de su hija Fernanda Rubí a través del Colectivo de Familias de Desaparecidos de Orizaba-Córdoba.
El grupo se plantó con una pancarta celeste que mostraba el rostro de la joven desaparecida que señalaba: "Para recordarte (Duarte) que debes miles de muertes y desaparecidos en Veracruz".
Entre las acusaciones contra el exgobernador figura el uso de "prestanombres" para la adquisición de inmuebles "que provenían del erario del gobierno del Estado de Veracruz", según la acusación en México que presentó la fiscalía guatemalteca.
Durante la gestión de Duarte, Veracruz se convirtió en uno de los estados más violentos de México, con sangrientos asesinatos por parte de cárteles de narcotraficantes, varios casos de desaparición forzada y el asesinato de periodistas.
El miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) renunció a su cargo el año pasado antes de terminar su mandato, para luego salir del radar de las autoridades.