Un juez ordenó la captura de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, acusada de tráfico de influencias por intentar ayudar a su hijo en un caso de corrupción.
La vocera de la fiscalía guatemalteca, Julia Barrera, dijo el miércoles que tras recibir la orden las autoridades fueron a la casa de la magistrada Blanca Aida Stalling, pero ya no estaba.
Stalling, a quien el Congreso le retiró la inmunidad, es acusada de pedirle a un juez que dejara en libertad a su hijo, Otto Fernando Molina, detenido por un caso de corrupción relacionado con la obtención de contratos entre una farmacéutica particular y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
El juez, Carlos Ruano, grabó la conversación con Stalling y tras presentar una denuncia salió del país, bajo el argumento de que debía proteger su seguridad.
La portavoz de la fiscalía dijo que la orden de aprehensión contra Stalling se emitió el martes y hasta el miércoles las autoridades acudieron a su casa.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas, creen que el hijo de Stalling es parte de una estructura de corrupción más amplia.
La magistrada Stalling ha negado los cargos de tráfico de influencias, ha dicho que la solicitud la hizo como madre y no como magistrada de la Corte Suprema y que solo aconsejó al juez de cómo podía resolver el caso.
En 2015, Stalling estuvo vinculada a otro proceso. Según una escucha telefónica de ese año, un prófugo acusado de participar en una red que defraudó al Estado en varios millones de dólares, decía a otro hombre que la jueza ayudaría a la red a evitar que la justicia los alcanzara.
Ese caso, denominado "La Línea", sacudió a la clase política guatemalteca y alcanzó las más altas esferas del gobierno. El entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti tuvieron que renunciar a sus cargos, acusados de corrupción. Ambos están en prisión a la espera de un juicio.