La agrupación internacional Human Rights Watch (HRW) considera que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para que las autoridades de ese país liberen a quienes hayan sido "detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra".
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, estimó que "el gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política". "A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias".
De acuerdo a los datos recopilados por Human Rights Watch, desde mayo de este año 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas, "todas menos dos han sido imputadas penalmente por delitos y nueve siguen detenidas".
Los casos se registraron en la ciudad de Caracas y en los estados de Bolívar, Cojedes y Zulia.
La investigación de HRW en Venezuela, durante junio de 2016, determinó que "la mayoría de los detenidos eran activistas que señalaron que solamente habían participado en protestas y actividades políticas, como pedir la liberación de presos políticos o apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro".
"La falta de independencia judicial en Venezuela ha facilitado que ocurran este tipo de procesamientos y despidos arbitrarios", precisa Human Rights Watch.
