GUATEMALA

Hoy declaran los 17 detenidos por fraude en el Seguro Social

Hoy declaran  los 17 detenidos por fraude en el Seguro Social
Hoy declaran los 17 detenidos por fraude en el Seguro Social

Las 17 personas detenidas el miércoles en Guatemala, acusadas de adjudicar de manera irregular un millonario contrato que afectaba al Seguro Social de Guatemala, prestan hoy su primera declaración.

Las autoridades guatemaltecas revelaron este miércoles 20 de mayo de 2015 un caso de fraude en el Seguro Social del país que afectó a varios pacientes con insuficiencia renal y por el cual se investigan siete muertes.

La magistrada encargada del caso, la jueza Silvia de León, programó para hoy viernes a las 8:30 hora local (14:30 GMT) la audiencia de la primera declaración de los arrestados.

Este caso de corrupción, detectado en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la empresa farmacéutica Pisa y Ortosa, se conoce con el nombre IGSS-Pisa.

Este jueves fue trasladado a la torre de Tribunales el presidente de la Junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, a quien un Juzgado de Turno le hizo saber el motivo de su detención.

Rodríguez, exsecretario del presidente de Guatemala, fue trasladado ayer a la cárcel procedente de un hospital privado.

Rodriguez habia esquivado la prisión el miércoles y este jueves, en unas breves declaraciones a los medios durante su entrada, defendió su inocencia.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó de que el delito cometido por los integrantes de la Junta Directiva y la junta de licitación fue el de fraude, mientras que el Grupo Pisa habrÍa cometido los delitos de asociación ilícita y cohecho.

A otros dos arrestados, Otto Molina Stalling y Herbert Rodolfo García Granados, el Ministerio Público los sindica de los delitos de asociación ilÍcita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.

Según las investigaciones, el IGSS adjudicó a la empresa farmacéutica Pisa y Ortosa un contrato de 116 millones de quetzales (unos 15,1 millones de dólares), para el servicio de diálisis peritoneal para pacientes del servicio público.

Las primeras pesquisas señalan que los detenidos cobraban entre el 15 y 16 por ciento del importe final del contrato por seleccionar a la empresa.

 


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