Una huelga en el sector público de Costa Rica, iniciada hace cinco semanas contra un proyecto de reforma fiscal, terminó en la mayoría de las instituciones, aunque persiste en el Ministerio de Educación, aseguró este viernes el gobierno.
Un comunicado de la presidencia señaló que de 46 instituciones públicas que se sumaron a la paralización el 10 de setiembre, 45 "operan con absoluta normalidad, sin consecuencias en la prestación de servicios".
Indicó que 98.5% de los funcionarios en huelga provienen del sector educativo, cuyos dirigentes sindicales se han negado a levantar el movimiento. El restante 1.5% está distribuido en distintas instituciones.
La huelga perdió fuerza luego de que la Asamblea Legislativa (parlamento) aprobó en primer debate, el pasado 5 de octubre, una reforma fiscal que contempla aumentos de impuestos para contener un creciente déficit fiscal.
El proyecto pasó a consulta en la Corte Suprema de Justicia antes de su votación definitiva en segundo debate.
Los sindicatos del sector público iniciaron la huelga para presionar por el retiro del proyecto de ley, que a su juicio carga el peso de los nuevos impuestos sobre los más pobres.
El gobierno alega que 80% de los nuevos gravámenes recaen sobre el 20% de mayores ingresos de la población.
La huelga provocó trastornos en los hospitales públicos, donde cirugías fueron suspendidas y citas médicas debieron ser canceladas.
Sin embargo, el sector salud fue uno de los primeros en regresar a labores.
En sus primeras semanas, los huelguistas bloquearon carreteras, impidieron acceso al puerto caribeño de Moín, principal terminal de comercio exterior de Costa Rica, e intentaron frenar la distribución de combustibles.
La reforma fiscal busca contener un creciente déficit fiscal, que podría llegar este año a 7,2% del producto interno bruto (PIB) si el gobierno no obtiene nuevos ingresos y no contiene sus gastos.