La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) informó el martes que 101 casos de abusos sexuales a menores de los 157 detectados en el seno de la Iglesia Católica desde 2010 ya están en manos de las fiscalías correspondientes, pero reconoció que el impacto de estos delitos puede ser mayor.
El presidente de la CEM, Rogelio Cabrera, indicó que sólo han recibido información de 64 de las 95 diócesis que hay en el país, con lo que el proceso de recopilación de datos continúa. El objetivo es confirmar que todos los casos detectados por la Iglesia, y que han conllevado la retirada del ministerio sacerdotal, se hayan llevado ante las autoridades civiles.
“Tenemos que revisar hasta dónde llega esta realidad y para eso nosotros hemos pedido a los obispos que nos permitan recoger la información, que la entreguen a estos abogados para que ellos también vean si se ha cumplido con el debido proceso civil. Hasta ahorita no podemos cuantificar la totalidad”, afirmó. “Ojalá y no sea una plaga”.
El tema de las cifras no es menor, afirma Bernardo Barranco, experto en temas religiosos, porque hasta ahora no se tiene un número claro de abusadores y abusados por sacerdotes en México.
Cabrera y el secretario de la CEM, Alfonso Miranda, dieron a conocer estas cifras durante una conferencia de prensa en la que informaron de las medidas que se tomarán a partir de ahora para prevenir, detectar y llevar ante la justicia nuevos casos de pederastia, iniciativas acordadas después de la reunión sobre el tema que presidió recientemente el papa Francisco en el Vaticano.
Entre las propuestas está la creación de “centros de escucha” para detectar posibles nuevos casos de víctimas de abusos sexuales. En un primer momento, se habilitarán para este fin los centros de escucha que ya funcionan en ciudades como Acapulco, Morelia o Veracruz para víctimas de violencia o casos de desapariciones.
El plan de trabajo presentado por la CEM también apuesta por la formación y certificación de los sacerdotes -incluso con exámenes psicológicos para detectar no sólo nuevos casos sino “tendencias o situaciones contrarias al sacerdocio”, dijo Miranda-, la creación de “ambientes seguros” en parroquias y centros de catequesis y el análisis a fondo todos los casos que se detecten.
Según Cabrera, con todo ello hay un “cambio de paradigma” porque “antes era ver qué hacías con el sacerdote y ahora [lo prioritario] es atender a la víctima” y acompañarla.
La conferencia episcopal se comprometió así a que “ningún abuso debe ser jamás encubierto ni infravalorado”, a verificar el cumplimiento de la ley civil y la canónica “a fin de que los probables responsables sean procesados y se repare el daño causado”, y a una “atención primordial y privilegiada a las víctimas” a las que se les debe pedir perdón y ofrecer toda la colaboración con la autoridad ministerial, según el documento en el que se establecen las líneas de acción.En este documento también se apuesta por la promoción de la denuncia y el acceso a la verdad.
Para Bernardo Barranco, las propuestas de Cabrera son “un paso muy importante” hacia la justicia, porque hasta ahora todo el castigo era retirarles del sacerdocio, pero recordó que la CEM no tiene autoridad sobre los obispos, que sólo rinden cuentas al papa y que tienen sensibilidades distintas.
En este sentido, dijo que para que estas propuestas sean realmente efectivas y México no caiga en la impunidad ante los abusos clericales a menores, “tienen que estar acompañadas de una actitud mucha más abierta por parte del gobierno mexicano”, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta ahora se ha limitado a manifestar que no quiere irritar a los obispos.
“Lo que está en juego es la justicia para las víctimas”, añadió Barranco.