Ocho presos acusados de narcotráfico, incluido el brasileño Rodrigo Gularte, fueron ejecutados esta madrugada ante un pelotón de fusilamiento en Indonesia, tras fallar todas las peticiones de clemencia.
Los reos fueron ajusticiados en la isla de Nusakambangas horas después de despedirse de sus familiares y tras expirar las 72 horas de plazo desde que la Fiscalía ordenara el sábado pasado que se aplicara sus sentencias de muerte, informó el diario The Jakarta Post.
En el último momento, las autoridades evitaron el fusilamiento de la filipina Mary Jane Veloso, también sentenciada a la pena capital, horas después de que la mujer que la contrató para transportar droga se entregara a la Policía en Filipinas.
Un décimo recluso, el francés Serge Atlaoui, no recibió la notificación porque está pendiente de un recurso de apelación.
La familia y el Gobierno brasileño habían alegado que Gularte padecía esquizofrenia, por lo que según las leyes indonesias no podía ser ejecutado, pero las autoridades decidieron aplicar de todas formas la pena capital.
El brasileño fue arrestado en 2004 por llevar seis kilogramos de cocaína en varias tablas de surf.
Junto con Gularte, fueron ajusticiados los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, el ghanés Martin Anderson, el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze.
Las ejecuciones tuvieron lugar en la prisión de Nusakambangan, situada en el sur de Java, a unos 830 kilómetros al sureste de Yakarta.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el primer ministro de Australia, Tony Abbott, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, entre otros gobiernos y organizaciones internacionales, habían pedido clemencia para los condenados.
Sin embargo, el Gobierno indonesio del presidente Joko Widodo rechazó las peticiones, al tiempo que pidió que se respeten sus leyes y defendió el uso de la pena capital como medida disuasoria en la lucha contra el tráfico de drogas.
El pasado enero, Indonesia fusiló a otros seis prisioneros, incluido el brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, lo que causó una crisis diplomática en la que intervino la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Indonesia, que reanudó las ejecuciones en 2013 después de cinco años de tregua, tiene a más de un centenar de prisioneros en el corredor de la muerte por narcotráfico, terrorismo y otros delitos.