Infiltración del crimen organizado al desnudo en Guatemala

REDACCIÓN INTERNACIONAL, (AFP). -El arresto del jefe penitenciario Edgar Camargo desnudó la infiltración del crimen organizado en el Estado guatemalteco: era miembro de una poderosa red que lavaba dinero desde prisión, liderada por su excompañero de estudios militares, Byron Lima, preso por el asesinato del obispo Juan Gerardi.



El escándalo estalló el miércoles con la detención del director del Sistema Penitenciario bajo cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y conspiración para lavado de dinero; pero el poder que ejercía Lima desde la cárcel Pavoncito -periferia este de la capital- era un secreto a voces.



"Se planificaban, ordenaban y ejecutaban grandes crímenes contra el Estado desde prisión. Es un logro desarticular esta estructura clandestina dentro del Estado, un caso emblemático al tocar esta banda criminal", dijo a la AFP la directora ejecutiva del movimiento Pro Justicia, Carmen Ibarra.



La organización, según la fiscal general Thelma Aldana, era dirigida desde la cárcel por Lima, un capitán del Ejército condenado en 2001 a 20 años de prisión por el sonado caso del obispo guatemalteco Juan Gerardi, asesinado en abril de 1998 tras denunciar las atrocidades cometidas durante la guerra civil (1960-1996).



Lima cobraba hasta 100 mil dólares para ordenar el traslado de reos en distintas cárceles del país, según la investigación de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Además, tenía poder para conceder favores y privilegios a internos que pagaran por ello, autorizaba visitas conyugales, el ingreso de teléfonos de última generación y controlaba la seguridad de la prisión.



Todo con la complicidad del director del sistema penitenciario. Ambos cursaron juntos la escuela militar Politécnica a mediados de los años 80 para entrar a las Fuerzas Armadas, pero Camargo no los concluyó, aunque recibió entrenamiento en la Escuela de Carabineros de Chile, mientras Lima se graduó con honores y realizó estudios en Chile y Taiwan.



La investigación reveló que, desde prisión, Lima compró casas en sectores exclusivos de la capital y en distintas playas, y automóviles y motocicletas exclusivas como BMW, Jaguar o Porsche, según la Cicig.



En la prisión recibía incluso diversas "personalidades y actores públicos, lo que revelaba a través de su cuenta Facebook, haciendo ostentación del poder", afirmó el jefe de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.



El caso, en el que también fueron detenidas otras seis personas, entre ellas Alejandra Reyes, esposa de Lima, dejó en evidencia crudamente que la cárcel no cumple su objetivo de rehabilitación.



Lima desde el presidio construyó un aparato delictivo que era una gigantesca fuente de enriquecimiento ilícito, agregó Ibarra.



El director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), Jorge Santos, coincidió con Ibarra en la urgencia de "profundizar en la investigación y dar con las personas que integran esa estructura, ya sean funcionarios o no, para desarticularla por completo".



"Hay una verdadera red criminal compuesta por funcionarios públicos, reclusos y personas particulares. Dentro de esa estructura criminal, encontramos como eje central a Byron Lima, quien imparte órdenes", comentó Velásquez.



Para Santos, buena parte de la violencia que mantiene en zozobra a Guatemala se gesta en las cárceles, de donde -precisó- provienen 80% de las extorsiones".



El sistema penitenciario estaba "en poder de convictos", añadió Velásquez. El desmantelamiento de esa estructura es un golpe de la Cicig, una entidad de Naciones Unidas que desde 2007 busca erradicar a grupos que corrompen a jueces, fiscales, políticos, militares, policías, para cometer delitos graves, corrupción y favorecer la expansión del crimen organizado.



"El golpe contra esta estructura, que era conocida a voces, es un buen momento para la Cicig, porque se da precisamente a un año que termine su mandato", en septiembre de 2015, precisó la activista.



Según ha dicho el presidente Otto Pérez, el mandato de la Cicig no será renovado en Guatemala, un país con niveles de impunidad de más del 70%.