Activistas por los derechos de los afroamericanos iniciaron hoy una marcha de 40 días hasta Washington para llamar la atención sobre las injusticias raciales y reclamar cambios rotundos en las políticas de derecho al voto, educación y empleo, además de directrices sobre el uso de la fuerza policial.
La llamada "Travesía por la Justicia" (Journey for Justice) recorrerá a pie más de mil 380 kilómetros a través de cinco estados del sur de Estados Unidos hasta llegar a la capital, y está organizada por la principal asociación del país para la defensa de los derechos de los afroamericanos, la NAACP.
La marcha comenzó con un acto inicial en Selma (Alabama) frente al puente Edmund Pettus, el mismo lugar donde hace 50 años, en marzo de 1965, decenas de activistas afroamericanos fueron duramente reprimidos por la policía en el llamado "Domingo Sangriento".
Los activistas atravesarán los estados de Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, para llegar el próximo 11 de septiembre a Washington, informó la NAACP (siglas en inglés de Asociación Nacional para el Avance de los Pueblos de Color).
"Marchamos por nuestras vidas, nuestros votos, nuestros empleos, nuestras escuelas. Pedimos reformas políticas reales y necesitamos el apoyo de todo el país", dijo el organizador de NAACP para la región del suroeste, Quincy Bates, a la cadena de televisión NBC News.
El principal objetivo de los manifestantes es la restauración de la Ley de Derecho al Voto, aprobada hace 50 años y que eliminó la arbitrariedad de los funcionarios de los estados a la hora de decidir si permitían a un negro registrarse o no para votar.
También solicitan "acción federal para asegurar que cada estudiante tiene acceso a una educación segura y de calidad, independientemente de donde resida o los ingresos de su hogar", y la aprobación de medidas para elevar el salario mínimo y "priorizar la creación de empleo y la formación laboral".
Por último, reclaman la creación de "estándares nacionales sobre el uso de la fuerza para todos los agentes de seguridad" y la aprobación de una ley contra las prácticas policiales que persiguen a unas personas u otras en función de su raza.