El empresario Eike Batista, quien fue el hombre más rico de Brasil, podrá abandonar la prisión donde está preso desde fines de enero acusado de corrupción, después que un juez de la Corte Suprema aceptara este viernes 28 de abril un recurso de su defensa.
Batista, de 60 años, había sido arrestado de forma preventiva el 30 de enero nada más al aterrizar desde Nueva York, cuatro días después de que la policía allanara su domicilio de Río.
El operativo derivaba de la investigación Lava Jato sobre sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos con el fin de lograr contratos en la estatal Petrobras.
Para el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, sin embargo, la decisión fue excesiva respecto al peligro que representa el acusado, por lo que sugirió aplicar medidas más leves siempre que no reciba otra orden de prisión.
Batista es sospechoso de haber pagado 16.5 millones de dólares al entonces gobernador de Río, Sergio Cabral por una operación que en realidad nunca existió de compra y venta de una mina de oro.
"El hecho de que haya sido denunciado por crímenes graves -corrupción y lavado de dinero- por sí solo, no puede servir de fundamento único y exclusivo para mantener su prisión preventiva", afirmó Mendes en su decisión, a la que tuvo acceso a la AFP.
Batista -clasificado como la séptima fortuna del mundo por la revista Forbes en 2012, antes de iniciar su frenética caída-, fue detenido después del encarcelamiento en noviembre de Cabral, considerado por la justicia como cabecilla de una "organización criminal" que desvió decenas de millones de dólares de obras públicas.
El hecho de que esta red haya sido desarticulada y ya esté "actualmente apartada de la gestión pública" también fue visto por Mendes como un argumento en favor de la liberación del excéntrico empresario.
Fuera de Brasil cuando la policía intentó detenerle, Batista fue incluido entonces en la lista roja de captura de Interpol hasta ser arrestado al pie de la aeronave en la que volvió de Nueva York.
Una vez pasados los exámenes médicos y con el pelo rapado, fue conducido a la popular prisión de Bangú en Río de Janeiro, donde fue ingresado junto al resto de presos comunes.
Al no poseer un título universitario, no pudo acogerse a los beneficios de reclusión que da la ley brasileña para las personas con mayor nivel de educación, pese a los pedidos de su defensa.