Una juez federal de California ordenó la pronta liberación de menores indocumentados retenidos en centros de detención de Estados Unidos, informaron hoy medios locales.
En un escrito difundido la noche del viernes, la magistrada Dolly Gee señaló que los menores derivados a centros de detención no deben permanecer en estas instalaciones más de 72 horas, a menos que constituyan un serio riesgo para los demás o para ellos mismos.
Gee dio plazo hasta el próximo 23 de octubre para que las agencias federales cumplan su orden, aunque se espera que el Gobierno apele la decisión, según recoge el periódico Los Angeles Times.
La orden de la juez se da luego de un recurso presentado semanas atrás por la Administración del presidente estadounidense Barack Obama, en la que defendió su política de mantener a las familias de indocumentados en los centros de detención.
La magistrada consideró que el Gobierno había violado el acuerdo extrajudicial Flores de 1997, por el que los pequeños deben de vivir en las condiciones "menos restrictivas" posibles.
El Gobierno argumentó en su escrito que, de ejecutarse el fallo judicial, se "eliminaría la capacidad del Gobierno para deportar o readmitir a las familias bajo ninguna circunstancia, lo que podría provocar otro incremento notable del número de padres que cruzan la frontera con sus hijos".
El Ejecutivo agregó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de los centros, comprobará si las familias tienen un miedo creíble por su vida en sus países de origen y, tras certificarlo, no permanecerán detenidas más de 20 días.
Jorge Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), urgió al Gobierno a cumplir el mandato de la juez, ya que es "inhumano, innecesario e injusto" mantener recluidos a los menores en los centros de detención.
"Estos niños y sus madres están huyendo de situaciones complicadas en sus países de origen, mas allá de necesidad económica. Estados Unidos debe de actuar con humanidad y compasión, y agilizar los procesos legales que permitan que estos refugiados puedan quedarse", manifestó Cabrera.
El Gobierno invirtió millones de dólares en la implementación de centros de detención de estos inmigrantes, en especial los levantados en Texas, para albergar a los miles de indocumentados mientras se procesaban sus solicitudes de asilo o deportación.
Según cifras oficiales, durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), el número de niños y progenitores detenidos en la frontera ascendió a 68 mil 441, lo que supuso un aumentó del 361% con respecto al año anterior.