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MEDIO AMBIENTE

Latinoamérica impulsa adhesión a pacto por derechos ambientalistas

El acuerdo fue firmado por 21 países pero solo seis lo han ratificado.

Latinoamérica impulsa adhesión a pacto por derechos ambientalistas
Buscan lograr la adhesión de más países al Acuerdo de Escazú.

El diplomático y activista canadiense David Boyd fue nombrado este jueves como promotor de un pacto latinoamericano que garantiza el acceso a la información ambiental y la protección de los derechos de los ambientalistas en la región.

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Boyd, impulsado por Costa Rica y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), tendrá la misión de lograr la adhesión de más países al Acuerdo de Escazú, adoptado el año pasado en la localidad costarricense homónima.

"El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo del mundo que protege a los luchadores por el medio ambiente", dijo Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Cepal, al anunciar el nombramiento de Boyd.

El diplomático, relator de la ONU para derechos humanos y medio ambiente, fue presentado como "campeón" del acuerdo en San José durante la reunión previa a la Conferencia de las Partes de la convención sobre cambio climático (COP25), que se celebrará en Chile en diciembre.

"Hay que recordar que 60% de los ambientalistas asesinados en el mundo se dan en América Latina", comentó a AFP la viceministra costarricense de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar.

El acuerdo fue firmado por 21 países de América Latina y el Caribe pero solo seis lo han ratificado, y requiere de 11 ratificaciones para entrar en vigor.Hasta ahora ha sido ratificado por Bolivia, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Boyd "nos va a ayudar a que otros países se sumen al proceso (y) que los principios del Acuerdo de Escazú le lleguen a las comunidades, a los jóvenes, a las mujeres para que sepan cómo beneficiarse de este acuerdo", agregó Aguilar.

El pacto fue firmado el 4 de agosto de 2018 en Escazú, al suroeste de San José, para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la protección de los derechos de los ambientalistas.


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