El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respondió este jueves a las acusaciones de tráfico de influencias para favorecer a una constructora y afirmó que su misión era la de defender los intereses de las empresas del país en el extranjero.
"Una misión de todos los presidentes brasileños es la defender los intereses de nuestras empresas en el exterior, ayudando a conquistar nuevos mercados", señaló Lula en su perfil de la red social Facebook y en respuesta a un artículo del diario O Estado de Sao Paulo que indicó que su gestión favoreció a la firma Odebrecht.
Para Lula, el artículo "intenta transformar las buenas relaciones establecidas entre Brasil y diversos países en un supuesto escándalo de corrupción".
El exmandatario es investigado por supuestamente haber influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de haber concluido su mandato, para que le concediera créditos a Odebrecht destinados a la financiación de obras en otros paÍses latinoamericanos y africanos en los que opera.
Según la Fiscalía, tras dejar la Presidencia, en enero de 2011, Lula realizó viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht.
De acuerdo con el diario, un cruce de telegramas del Gobierno estadounidense cita obras en cuatro países y señalan a Lula de beneficiar específicamente a la empresa en Angola.
El caso fue destapado en mayo pasado por la revista Época, según la cual Odebrecht, una de las constructoras implicadas en el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, recibió del BNDES créditos por cerca de 4.1 millones de dólares para obras en República Dominicana, Venezuela, Cuba y Ghana.
La investigación puede desembocar en un juicio a Lula, que se celebraría en el ámbito de la justicia federal ordinaria puesto que el expresidente, al no ocupar ningún cargo político, no está aforado.
No obstante, la FiscalÍa podría archivar la causa en cualquier momento si considera que no tiene suficientes indicios para elevarla a un tribunal.
El popular exmandatario salió airoso de todas las acusaciones en su contra por corrupción y no llegó a ser incluido en el juicio por pago de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas destapado en 2005, durante su primer mandato, y por el que fueron condenados 25 políticos y empresarios, algunos muy cercanos a él.
La defensa de Lula pidió la anulación de la investigación y solicitó que se investigue al fiscal del caso por supuestas irregularidades, requerimiento este último que fue atendido el miércoles por el Ministerio Público al iniciar un proceso disciplinario contra el procurador Valtan Timbó Mendes Furtado.