El gobierno español aprobó este viernes 6 de octubre facilitar la salida de empresas de Cataluña, incrementando la presión sobre las pretensiones independentistas catalanas, si bien rebajó el tono al pedir disculpas por los heridos en el referéndum prohibido del domingo.
En el plano judicial, el comandante de la policía catalana, una subalterna y dos líderes independentistas declararon por sedición ante la Audiencia Nacional, que no dictó prisión preventiva contra ninguno de ellos.
El ministerio de Economía del gobierno de Mariano Rajoy adoptó un decreto que facilita que las empresas catalanas, preocupadas por una posible declaración de independencia, saquen de la región su sede social, como hicieron en las últimas horas el Banco Sabadell o la empresa textil Dogi.
En un comunicado, el ministerio de Economía señaló que el decreto responde a “la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional”.
Este viernes se reunirá Caixabank, primer banco catalán y tercero nacional, para estudiar si imita al Sabadell, que anunció el jueves que sacaba su sede social de Cataluña, aunque el anuncio de su decisión podría posponerse porque el decreto del gobierno que facilita su partida no se publicará hasta el lunes.
La fuga de empresas aumenta la inquietud entre una sociedad catalana profundamente dividida por la apuesta independentista, cuya escalada ha sumido a España en su peor crisis política de la era democrática. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la tensión “podría pesar en la confianza y las inversiones” en la economía española, la cuarta de la Eurozona.
Pese a ello, “la previsión para la economía española es robusta”, y se mantiene en un crecimiento del 3.1% para este año, puntualizó Andrea Schaechter, la jefa de la misión del FMI en España, al presentar un informe sobre la situación del país.