El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prorrogó por 60 días más el estado de excepción por emergencia económica que rige en el país desde enero, según un decreto oficial divulgado el jueves.
Amparado en esa figura, Maduro podrá seguir recurriendo a "mecanismos excepcionales de supervisión, control y seguimiento" de la producción, distribución y comercialización de alimentos, artículos de higiene personal y medicamentos.
El mandatario alega que Venezuela enfrenta "circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos".
Golpeado por el desplome del precio del crudo, el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo encara una sequía de divisas reflejada en la escasez que alcanza el 80% en alimentos y medicinas, de acuerdo con estimaciones privadas.
Al desabastecimiento se suma una inflación proyectada en 720% por el FMI para 2016.
El gobierno socialista, que atribuye los males a una "guerra económica", designó a principios de mes a 18 jefes militares para fiscalizar productos como arroz, carnes o papel higiénico.
Maduro acusa a la oposición y un sector empresarial, apoyados por Estados Unidos, de orquestar un golpe de Estado.
La oposición tiene previstas este viernes movilizaciones en todo el país en exigencia del referendo revocatorio que promueve contra el gobernante socialista.
El oficialismo también convocó a manifestaciones a favor del presidente.
Bajo el estado de excepción, Maduro está facultado para suspender las sanciones que pueda emitir el Parlamento contra sus funcionarios, lo que ha agravado la pugna de poderes que estalló en enero cuando la oposición tomó el control del legislativo.
La extensión del estado de emergencia es la cuarta consecutiva, tras las de marzo, mayo y julio.
Ninguna de las prórrogas ha sido aceptada por el Parlamento, pero sí han sido validadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declarándolas constitucionales.
De nuevo, el Ejecutivo remitió el decreto a la Asamblea Nacional y al TSJ, que es señalado por la oposición de estar al servicio del chavismo.