“La novela italiana del opositor [diario] La Prensa tendrá su último capítulo el jueves con nuestro comunicado que dejará en evidencia la conspiración”; “La telenovela italiana está en sus últimos capítulos. Ojalá tengan [La Prensa] la honorabilidad de reconocer el daño que han hecho a punta de mentiras”; “Esa es una novela gastada, yo no quiero hablar de esas babosadas”.
Son citas del expresidente Ricardo Martinelli cuando en el pasado se le preguntaba sobre los casos que se investigaban en Italia sobre corrupción internacional, en los cuales él y sus allegados figuraban como protagonistas.
Hoy, la historia es otra. La “vieja y gastada novela” repentinamente se ha tornado en realidad. Martinelli ha contratado un abogado en Italia. Se trata de Rosario Minniti, un exmagistrado, impecable en los modos y en preparación jurídica, capaz de citar de memoria artículos completos del Código de Procedimiento Penal. Minniti así lo ha confirmado a La Prensa.
Por ahora, el abogado italiano deberá seguir la investigación en Nápoles sobre la construcción frustrada de las cárceles de Svemark en Panamá. Sobre la causa de Finmeccanica, en Roma, no sabe nada todavía, “pero probablemente tendré que seguirlo también”, declaró en una conversación telefónica.
En sus habituales ataques verbales, cuando todavía era jefe de Estado, Martinelli llegó a decir públicamente: “Yo verdaderamente me orino de la risa porque es pura farsa y pura mentira”, refiriéndose a los reportes de este medio de los casos en Italia.
Luego de más de tres años de indagaciones, el fiscal adjunto del Tribunal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, y su colega Henry John Woodcok, han finalmente cerrado las investigaciones relativas al supuesto desvío de más $20 millones en coimas por la adjudicación del contrato de construcción de las cárceles modulares a Svemark y otros $26 millones de sobrecostos, cuyo destinatario –según los documentos judiciales consultados– era Martinelli.
La Fiscalía de Nápoles ha recabado pruebas suficientes para llevar ante un juez el proceso por corrupción internacional en la adjudicación de este contrato –pactado en $176 millones– y llamará a juicio antes de fin de año, según han confirmado fuentes judiciales del caso.
En este proceso, el Gobierno de Panamá tiene la posibilidad de constituirse en parte civil. Con esta acción legal, el gobierno de Juan Carlos Varela podría tener un papel activo en el proceso penal, examinar el sumario, asistir a las audiencias, interrogar a testigos e imputados y acreditar con pruebas el daño y perjuicio sufridos, según abogados de una prestigiosa firma de Roma consultados por La Prensa.
