El máximo tribunal venezolano determinó este miércoles que el Parlamento, de mayoría opositora, continúa en desacato y por lo tanto todas sus decisiones son nulas.
"Ante la instalación de la Asamblea Nacional y elección de una nueva junta directiva, el 5 de enero de 2017, estando en desacato al Poder Judicial, las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas", advirtió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una nota de prensa.
Hace un año, el TSJ declaró en desacato al Legislativo por haber juramentado a tres diputados opositores, cuya elección fue suspendida a raíz de una demanda de fraude del chavismo.
Los tres asambleístas fueron desvinculados formalmente el pasado viernes, a instancias de la directiva elegida para el período legislativo que comenzó el 5 de enero.
El TSJ, acusado por la oposición de servir al chavismo, resolvió que también es nula una sesión parlamentaria del 9 de enero.
Ese día, la mayoría opositora declaró el "abandono del cargo" del presidente Nicolás Maduro, al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave crisis política y económica.
El mandatario afirmó que con esa decisión la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) intenta darle un golpe de Estado, por lo que creó un "comando antigolpe".
Según el máximo tribunal, la situación de desacato debe ser superada por la junta directiva anterior y no por la nombrada el 5 de enero. "La Sala Constitucional ordena a los diputados que conformaron la junta directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo período de sesiones y elegir válidamente a la junta directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial", subraya.
El TSJ notificó que debido a la situación irregular de la Asamblea, el presidente no está obligado a presentar ante ésta su informe anual de labores, y podrá hacerlo en el tribunal.
La MUD rechazó la decisión en un comunicado y afirmó que "quien tiene que ponerse a derecho acatando la voz del pueblo es el régimen que dejó de ser mayoría y que hoy pretende usar a las instituciones como barricada para frenar el deseo de cambio".