MADRID, España. (AFP). -La Guardia Civil detuvo este lunes a 51 personas -entre ellos alcaldes, empresarios y políticos - en una redada en varios lugares de España contra una trama de corrupción que concedió obras públicas por valor de 250 millones de euros (Aproximadamente 317.6 millones de dólares), a cambio de comisiones ilegales.
Otras cinco personas han sido imputadas en esta operación, que ha golpeado una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia", informó la fiscalía anticorrupción española en un comunicado.
Entre los 51 detenidos en Madrid, León, Valencia y Murcia, figura el exconsejero (ministro regional) de Presidencia y Justicia de Madrid entre 2008 y 2011, Francisco Granados, un conservador que también fue alcalde del pueblo madrileño de Valdemoro, según fuentes judiciales.
La operación, denominada "Punica", está dirigida por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).
En junio, ese juez abrió diligencias por "delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal".
La fiscalía denuncia una "connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales" para conceder "adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros (Aproximadamente 317.6 millones de dólares),, tan solo en los últimos dos años".
A cambio de estas ajudicaciones de obras públicas, los empresarios pagaban "comisiones ilegales".Asimismo, fueron arrestados seis alcaldes en ejercicio, cuatro de ellos pertenecientes al conservador Partido Popular (PP, en el poder en España ), un socialista y el último perteneciente a un pequeño partido Unión Democrática Madrileña.
Entre los detenidos también figuran dos empresarios, David Marjaliza y Alejandro de Pedro, que supuestamente serían los cerebros de la trama.
La operación se inició en enero de este año, tras una comisión rogatoria enviada por Suiza por "sospechas graves de blanqueo", lo que dio origen a esta investigación en España por parte de la fiscalía anticorrupción.
