La misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU abandona este sábado Nicaragua tras una orden del gobierno de Daniel Ortega, molesto con un informe del organismo sobre la represión en el país.
La decisión se produjo dos días después de que el organismo emitiera un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, que el gobierno de Ortega consideró una "extralimitación" de las facultades de la entidad.
En una misiva divulgada el viernes, la cancillería nicaragüense dio "por concluida la invitación (a la misión de la ONU) y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018".
Desde el inicio de las protestas en abril, la violencia deja más de 320 muertos, 2 mil heridos, una cantidad no precisa de detenidos y desaparecidos, así como miles de desplazados a Costa Rica.
El representante de la misión de la ONU, Guillermo Fernández, fue llamado a la cancillería para una reunión con el ministro Denis Moncada, en un ambiente tenso y lleno de protocolo, según una imagen exhibida sin audio por el estatal Canal 6 de televisión.
La misión llegó a Nicaragua el 24 de junio y "le ha comunicado al gobierno la salida de este equipo (de cuatro miembros) el 1 de septiembre", dijo Fernández en rueda de prensa.
El funcionario se mostró sorprendido por la reacción del gobierno: "No esperábamos que hubiera una decisión en este sentido".
La Alianza Cívica (de estudiantes, empresarios y sociedad civil), contraparte del gobierno en el estancado diálogo con mediación de la Iglesia católica, repudió "enérgicamente la salida forzada" de la ONU y sostuvo que "las causas y condiciones" para su presencia en el país "siguen vigentes".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lamentó la salida de la misión de la ONU y se comprometió a "cooperar entre sí, cada uno dentro de sus respectivas competencias" para lograr un diálogo inclusivo y útil en Nicaragua "lo más pronto posible".
El organismo de la ONU anunció en una nota de prensa que "proseguirá su labor" de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua "de forma remota", conforme su mandato conferido por la Asamblea General de la ONU.
También indica que continuará apoyando a las víctimas y familiares, al tiempo que "reitera su disposición" de apoyar a las autoridades para que Nicaragua cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.