El gobierno del presidente Daniel Ortega y representantes de oposición acordaron el martes una “hoja de ruta” para un diálogo tendente a resolver la agitación política que ha costado cientos de vidas desde hace casi un año en Nicaragua.
El nuncio Waldemar Sommertag leyó un comunicado conjunto de las partes en el que anunciaron el marco de sus compromisos para las conversaciones.
Después de semanas de reuniones, ambas partes acordaron que Sommertag funja como “testigo y acompañante internacional” de las negociaciones, pero a diferencia del efímero diálogo del año pasado, no habrá mediadores. También se invitará a representantes de la Iglesia católica y las iglesias evangélicas para que participen como “testigos y acompañantes nacionales”.
Las partes señalaron que los acuerdos serán alcanzados por consenso y que de esos compromisos dependerá el resultado de las conversaciones.
Sommertag dijo que hasta ahora “la negociación se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto y búsqueda de entendimiento”.
Las partes acordaron concluir las negociaciones el 28 de marzo como fecha “tentativa”, aunque entre los primeros obstáculos figura acordar la agenda del diálogo.
La Alianza Cívica, que represente a la oposición, ha exigido la libertad de los presos políticos, la restauración de la libertad de expresión y una reforma electoral.
La alianza también había demandado la participación de “garantes internacionales” para las conversaciones, pero al parecer ese punto tendrá que esperar hasta el inicio de un diálogo sustantivo.
Los detractores entre la oposición han manifestado suspicacias de que las conversaciones sean a puerta cerrada.
El presidente Daniel Ortega se ha referido a los manifestantes como golpistas e incluso algunos fueron condenados y sentenciados como terroristas, aunque observadores internacionales han informado que no hay pruebas de un intento de golpe. Ortega ha rechazado adelantar las elecciones previstas para 2021 como exige la oposición.
Al menos 325 personas han muerto y más de 2 mil resultado heridas desde el comienzo de las manifestaciones en abril pasado, inicialmente para protestar contra una polémica reforma al Seguro Social, pero que derivaron después en otros reclamos al gobierno, incluida la renuncia de Ortega como mandatario.
En su respuesta y uso de la fuerza, el gobierno reprimió con policías y grupos paramilitares a los manifestantes. Centenares de personas fueron arrestadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.