Nicaragua consideró este martes "improcedente" e "ilegal" la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de aplicarle la Carta Democrática al país.
"La decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de promover la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua es improcedente, ilegal, sin fundamento jurídico", denunció el canciller, Denis Moncada, en una carta dirigida a sus homólogos de América Latina y el Caribe.
Managua reaccionó a la determinación la semana pasada de Almagro de convocar al Consejo Permanente de la OEA para evaluar la aplicación de la Carta, que podría derivar en la suspensión de Nicaragua del organismo, por considerar que en el país se ha instalado una "dictadura".
La OEA puede promover esta iniciativa cuando considera que hay una alteración o ruptura del orden democrático en un país miembro.
Nicaragua rechazó que exista "una alteración del orden constitucional" y afirmó que la Carta es utilizada "para justificar una injerencia" en sus asuntos internos, dice la nota.
Managua estimó, ademas, que la medida "contraviene" los postulados de la Carta que fue "concebida como un medio para restituir los gobiernos democráticamente elegidos y como un mecanismo contra un golpe de estado".
Señaló que el gobierno de Daniel Ortega fue electo democráticamente para el período 2017-2022 con el voto del 72% de los nicaragüenses.
Alegó asimismo que la Carta no faculta a Almagro "apoyar a los grupos golpistas", en alusión a los manifestantes opositores que pidieron la dimisión de Ortega durante las protestas del año pasado.
Acusó igualmente a Almagro de "ignorar" que la Carta "es respetuosa del principio de no intervención, soberanía, autodeterminación y del consentimiento previo del gobierno afectado".
En virtud de ello, Nicaragua demandó a los Estados miembros de la OEA, "no permitir ni apoyar estas acciones infundadas" en su contra.
Ortega, un exguerrillero de 73 años en el poder desde el 2007, enfrenta una crisis a raíz de las protestas que iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, que derivó en un movimiento de demanda de su renuncia por la represión que ejerció contra los manifestantes.
Tras aplacar las manifestaciones, que dejaron 325 muertos, el gobierno encarceló a cientos de opositores, entre ellos dos periodistas, cerró cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales y al menos cinco medios críticos.
Durante la crisis, la OEA condenó la violencia, abogó por un diálogo, y por adelantar los comicios del 2021 como salida al conflicto, entre otras iniciativas.