Diversas organizaciones empresariales de Nicaragua condenaron este domingo 8 de septiembre el ataque que sufrieron empresarios y periodistas por parte de turbas sandinistas la mañana del sábado.
De acuerdo a las cámaras asociadas al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), una comitiva de este consejo y de la Alianza Cívica, conformada por José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, junto a los periodistas Jaime Arellano y Aníbal Toruño, sufrieron una "violenta agresión" por seguidores del presidente Daniel Ortega. La comitiva acompañaba al periodista Toruño quien regresaba de nuevo a su natal León, luego de nueve meses exiliado en Estados Unidos, destaca del diario nicaragüense La Prensa.
"El ataque, que puso en peligro la vida de los mencionados, fue perpetrado por paramilitares motorizados que se abalanzaron contra los vehículos al momento de ser detenidos por un retén policial, momento que aprovecharon para lanzar piedras y al menos un disparo, mientras efectivos policiales se limitaban a observar sin hacer absolutamente nada para detener la agresión", señala un comunicado.
De acuerdo a las organizaciones, este ataque se da apenas un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hiciera público un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
En un comunicado divulgado en su sitio web, la CIDH declaró "preocupación por un incremento de hostigamiento" a defensores de derechos humanos, abogados, opositores excarcelados y detenidos vinculados a protestas antigubernamentales.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social luego derogada y que derivaron en un pedido de renuncia de Ortega por la represión ejercida contra los manifestantes.
Desde entonces, la CIDH ha documentado 325 muertos, 2,000 heridos y 62,500 exiliados.
La Relatoría Especial sobre derechos económicos y de libertad de expresión de la CIDH denunciaron un "patrón de discriminación y amenazas" contra trabajadores del Estado y de "represión sistemática contra los medios de comunicación y periodistas".
La CIDH citó el caso de dos abogadas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, que recibió amenazas de muerte por la defensa de su colega María Oviedo, quien fue "criminalizada y declarada culpable, por delito de obstrucción de funciones" de la autoridad.
Destacó que cientos de opositores fueron excarcelados bajo una ley de amnistía en junio pasado, y ahora son objeto de "hostigamiento, amenazas y agresiones" de agentes de policía y civiles motorizados, mediante constantes interrogatorios y vigilancia a sus domicilios, según testimonios recibidos por la comisión.
La CIDH tiene informes de unas 126 personas que continúan detenidas por su oposición al gobierno de Ortega.
En tanto, la Federación de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) hizo un llamado a los organismos internacionales, a la OEA y a la ONU, para que se pronuncien y exijan las autoridades a respetar la vida y dignidad de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses.
Solidario con ustedes por la cobarde agresión de que fueron víctimas a la vista y complacencia de la policía. ¿Cuando parara esto?
Solidario con ustedes por la cobarde agresión de que fueron víctimas a la vista y complacencia de la policía. ¿Cuando parara esto?
— Pedro Joaquín Chamorro (@quintopedroj) September 7, 2019
