Los 12 países que integran el grupo de trabajo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su “preocupación” por los obstáculos que ha puesto el gobierno del presidente Daniel Ortega para recibir una misión del organismo regional.
El grupo de trabajo está integrado por los embajadores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
Esos embajadores emitieron la tarde de este viernes 17 de agosto un comunicado en el que condenaron “enérgicamente los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos contra el pueblo de Nicaragua”.
Los integrantes de ese grupo también repudiaron “la persecución selectiva y detenciones arbitrarias” que se realizan en Nicaragua, según lo documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humano.
“Urge al gobierno de Nicaragua a tomar las medidas necesarias para el cese inmediato de actos de violencia y a que se proceda a identificar a los responsables, a través de los procedimientos legales correspondientes”, enfatizaron en el comunicado divulgado en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos.
Grupo de Trabajo de 12 países creado por @CP_OEA para acompañar a la situación de #Nicaragua fue instalado hoy. Canada y Chile serán los coordinadores. Estaban presentes en el acto de instalación el SG @Almagro_OEA2015 y la @CIDH. pic.twitter.com/5QL4BWQYNA
Grupo de Trabajo de 12 países creado por @CP_OEA para acompañar a la situación de #Nicaragua fue instalado hoy. Canada y Chile serán los coordinadores. Estaban presentes en el acto de instalación el SG @Almagro_OEA2015 y la @CIDH. pic.twitter.com/5QL4BWQYNA
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) August 16, 2018
Además informaron que el gobierno de Ortega obstaculiza la labor del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El grupo del Consejo Permanente de la OEA recordó al gobierno de Nicaragua que debe “honrar los acuerdos establecidos con dichos mecanismos”, a facilitar la información oficial de las instituciones gubernamentales que requieren para realizar su trabajo y a permitir el acceso a los centros de detención.
También reiteraron su disposición a “sostener un diálogo constructivo con el gobierno de Nicaragua a fin de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles” a la crisis que se registra en la nación centroamericana.