El presidente venezolano Nicolás Maduro acudió el jueves por primera vez a una sesión de la Asamblea Constituyente, se puso a las órdenes de esa instancia y presentó sus propuestas para una nueva carta magna.
Durante su intervención frente al nuevo organismo, compuesto por 545 miembros, el mandatario dijo que reconocía sus "poderes plenipontenciarios" para regir los destinos de la República y que se "subordinaba" ante él.
El gesto es meramente simbólico, puesto que la constituyente fue convocada por él y está en control absoluto de sus partidarios, incluida su esposa Cilia Flores. Pese a las críticas de la comunidad internacional —Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región, que desconocen a la Asamblea— Maduro ha defendido la iniciativa afirmando que ésta surgió del clamor de llegar a un diálogo.
El presidente también ha dicho que la constituyente neutralizará la violencia que ha dejado al menos 129 muertos y casi 2 mil heridos, pero adversarios locales advierten que la constituyente tiene como único propósito que los poderes públicos queden bajo control absoluto del gobierno.
Desde su instalación el pasado 4 de agosto, la constituyente no ha dejado lugar a dudas de que sus poderes son virtualmente ilimitados y que estaría dispuesta a usarlos contra la oposición.
En el que fue uno de sus primeros actos oficiales, la constituyente ordenó la toma del Ministerio Público luego de destituir a la fiscal general, que durante mucho tiempo fue leal al gobierno, pero luego se volvió crítica de Maduro.
Los asambleístas también tratan de imponer su control sobre el resto de los poderes, mientras el Congreso —que es controlado por la oposición— insiste en desconocer sus decisiones.
El acto en la Asamblea se produjo horas después de que manifestantes bloquearan las vías del este de Caracas y portaran carteles en demanda de democracia y en rechazo a la destitución y condena del alcalde del municipio capitalino de El Hatillo, David Smolansky, que dejó a la oposición venezolana sin uno de sus líderes emergentes.
Smolansky, del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, fue el segundo dirigente opositor sentenciado a 15 meses de prisión en menos de 48 horas y el quinto alcalde opositor removido en menos de un mes. El máximo tribunal sancionó a Smolansky, de 32 años, por desacatar una sentencia que lo obligaba a levantar los bloqueos de las vías que mantenían manifestantes en su municipio.
El dirigente no acudió a la audiencia y se desconoce su paradero. Una condena similar fue aplicada el martes, bajo el mismo argumento, al opositor Ramón Muchacho, alcalde del municipio capitalino de Chacao que fue epicentro de las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses.
De los cinco solo uno fue arrestado y el resto se mantiene en la clandestinidad. La coalición opositora llamó a sus seguidores a una marcha el sábado en Caracas contra las sentencias del Tribunal Supremo.