La reciente promulgación de una normativa que permite a los militares venezolanos utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas ha encendido la polémica en el país, que se debate en medio de una severa crisis económica, y ha acrecentado las críticas de activistas y opositores que temen que la regulación podría usarse para contener las protestas callejeras.
Activistas de derechos humanos, juristas y opositores han considerado la regulación como inconstitucional y un "retroceso en materia de derechos humanos" en Venezuela, y han exigido al gobierno que la anule.
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió la resolución que emitió esta semana y denunció que hay una ofensiva que busca generar zozobra en el país. "Aquí lo que estamos haciendo es colocar todo en orden, escribirlo, hacer doctrinas, todo siempre apegado a los derechos humanos, todo siempre apegado a la Constitución", indicó Padrino López, durante un acto en la capital.
La regulación forma parte de una normativa sobre la actuación de las fuerzas armadas en el control del orden público que aprobó Padrino López y que fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Elvis Amoroso, también defendió la normativa. En declaraciones para el canal de noticias Globovisión, dijo que "en una manifestación que no sea autorizada, o un derrocamiento, o intento de derrocamiento del gobierno popular, o una agresión contra una colectividad que venga dirigida por sectores desestabilizadores, obviamente no se le puede enfrentar a una gente que están armados con una china (resortera)".
La directora de la ONG local Comité de Familiares y Víctimas del 27 de febrero de 1989, Liliana Ortega, afirmó el viernes que la resolución del ministro de la Defensa representa una "violación a la Constitución" debido a que vulnera las regulaciones que dejan en manos de los organismos civiles el control de las protestas, y que prohíben expresamente el uso de armas de fuego para contener las manifestaciones públicas.
Ortega dijo a la AP en entrevista telefónica que la normativa representa un "retroceso" en materia de derechos humanos en Venezuela, y retrotrae a una época que parecía superada en la región, luego de las dictaduras militares del Cono Sur, en las que se utilizó la teoría de la "seguridad nacional que considera la figura del enemigo interno".
La activista sostuvo que la regulación del ministro de la Defensa "viola los estándares internacionales que ha desarrollado la Corte Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Naciones Unidas".
Por su parte, Román Duque Corredor, vicepresidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, dijo que una normativa que establece la "restricción de derechos fundamentales" debe ser regulada por una ley y no a través de una simple resolución ministerial.
Duque Corredor dijo que las leyes venezolanas establecen regulaciones precisas en el caso de que las protestas se tornen violentas, y autorizan a las policías civiles a emplear "métodos persuasivos... sin llegar a ser medios de torturas ni medios que causen la muerte".
El líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, afirmó que el ministro de la Defensa debería "eliminar" la resolución, y dijo, durante una visita a localidad del estado central de Miranda del cual es gobernador, que "las fuerzas armadas no se deben a una parcialidad política, y deberían ser garantes de la seguridad de todos".
En Caracas y otras ciudades se registraron en el primer semestre de 2014 violentas protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos, 878 lesionados, y varios centenares de detenidos.
Las fuerzas militares tuvieron una activa participación en la contención de esas protestas que fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.