Natalia Compagnon, la nuera de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, compareció este jueves 14 de julio ante la justicia para responder por las denuncias de plagio de unos informes encargados por un conocido empresario.
El dueño de Inversiones Graneles Ltda, Gonzalo Vial, interpuso una querella por presuntos delitos de violación del derecho de propiedad intelectual contra Caval, la firma de la que es socia Compagnon, imputada en otro caso de corrupción por la compra-venta con millonarios beneficios de unos terrenos recalificados.
Los informes sobre supuestos contratos mineros en el norte del país, por los que el empresario pagó en torno a mil millones de pesos (cerca de 1.5 millón de dólares) habrían sido elaborados con información extraída y copiada de internet.
Según confirmaron a la AFP fuentes judiciales, Compagnon declaró durante unas cuatro horas en dependencias de los Carabineros en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, a pedido de la fiscalía de Rancagua, que instruye el denominado 'caso Caval'.
La fiscalía abrió una nueva arista del caso Caval para determinar si existen antecedentes sobre una falsificación deliberada o violación de un derecho de propiedad industrial.
El llamado 'caso Caval' destapó un escándalo político sin precedentes recientes que socavó la popularidad de la presidenta socialista, cuya aprobación sigue en niveles históricamente bajos (22% en junio).
En este caso, en el que la justicia trata de determinar si hubo tráfico de influencias, estaría implicado el primogénito de Bachelet, Sebastián Dávalos, quien habría gestionado personalmente un crédito de 10 millones de dólares para la empresa Caval, de la cual su esposa es dueña del 50%, para comprar unos terrenos en el sur del país, cuya posterior venta, tras su recalificación, les habrían reportado unos beneficios de 4 millones de dólares.
Tras varias negativas en varias instituciones, la pareja obtuvo el crédito cuando Michelle Bachelet estaba a punto de llegar al poder.
Compagnon fue imputada en el caso por delitos tributarios en enero con medidas cautelares que la obligan a firmar mensualmente en una comisaría y a permanecer en el país.
