La Fiscalía de Brasil en Curitiba (sur) acusó el lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de corrupción y lavado de dinero en el marco del escándalo de sobornos de Petrobras.
La denuncia, presentada por los fiscales de la Operación Lava Jato, está relacionada con la compra y la reforma presuntamente pagadas con fondos públicos de una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo, de la que Lula sería propietario oculto.
El juez Sergio Moro, a cargo de los procesos de Lava jato en la primera instancia, deberá decidir ahora si acoge la causa.
Los fiscales sostienen que los fondos públicos presuntamente desviados "fueron usados, dentro del estrepitoso esquema criminal capitaneado por Luiz Inácio Lula da Silva, no solo para enriquecimiento ilícito sino especialmente para alcanzar gobernabilidad basándose en prácticas corruptas y la perpetuación criminal en el poder".
El equipo que investiga el caso afirma que, a cambio, Lula habría garantizado a las constructoras contratos con la estatal Petrobras.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) y jefe de Estado de 2003 a 2010 también es acusado de "estructurar, orientar y comandar el esquema ilícito de pagos de sobornos en beneficio de partidos políticos, políticos y funcionarios públicos, aún siendo Presidente de la República, nominando a directores de Petrobras orientados a la práctica de crímenes en beneficio de las constructoras Odebrecht y OAS".
El mandatario niega cualquier irregularidad.
Otras doce personas fueron acusadas en la misma causa, entre ellas el expresidente de Odebrecht Marcelo Odebrecht, que purga una pena de 20 años de cárcel, y José Adelmário Pinheiro, dueño de la OAS, por corrupción activa y lavado de dinero.
El título de propiedad de la hacienda estaría a nombre de Fernando Bittar, socio de uno de los hijos del exmandatario.
La aceptación de esta causa abriría el sexto juicio penal contra el exmandatario, que ha sido ya objeto de acusaciones de corrupción, lavado de dinero u obstrucción de la justicia.
Lula sostiene que ninguna de ellas tiene asidero y denuncia un encarnizamiento judicial para impedirle ser candidato en las elecciones de 2018, en la cual es favorito, según los sondeos.
