En un drástico giro en la investigación sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, que ha acaparado la atención de la opinión pública por más de dos años, un nuevo peritaje forense señaló que habría sido asesinado de un disparo en la cabeza.
El estudio que sostiene que Nisman habría sido víctima de un homicidio fue encabezado por expertos de la Gendarmería Nacional –policía de fronteras– y enviado el viernes al fiscal federal Eduardo Taiano en el marco de la investigación por la muerte del funcionario judicial en 2015 en misteriosas circunstancias, dijo a The Associated Press un colaborador de dicha fiscalía que pidió no ser identificado por normas de esa dependencia judicial. Estudios anteriores ordenados por la justicia se habían inclinado por la hipótesis del suicidio al señalar que no había pruebas suficientes para sostener que Nisman había sido víctima de un homicidio.
En los últimos días varios medios de prensa locales filtraron el supuesto contenido del informe. Según esos adelantos, que el funcionario judicial no quiso comentar con AP, Nisman habría sido drogado con ketamina, un potente anestésico, y golpeado para ser reducido.
Tras ello fue situado por dos personas en el baño de su apartamento de Buenos Aires y ejecutado de un tiro. Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su vivienda, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández, a su canciller Héctor Timerman y a otros allegados al gobierno de encubrir a los iraníes acusados del atentado en 1994 contra un centro judío de Buenos Aires. Un día después el investigador debía presentarse en el Congreso para fundamentar la denuncia.
El funcionario judicial indicó que el estudio “será preservado para su análisis el fin de semana y dependiendo lo que surja” el fiscal Taiano pedirá “medidas de prueba” al juez federal a cargo del expediente, Julián Ercolini.
El estudio fue realizado por una treintena de expertos, en su mayoría de la Gendarmería, y peritos aportados por la querella, encabezada por la familia de Nisman, y la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino, único imputado hasta ahora en la causa. Lagomarsino declaró ante la justicia que Nisman le había pedido prestada la pistola calibre 22 el día antes de ser hallado muerto porque temía por la seguridad de sus hijas.