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GRUPOS PARAMILITARES

OEA logra aprobar resolución de condena contra el Gobierno de Nicaragua

En esta sesión, al igual que en las que se discuten temas relacionados a Venezuela, las delegaciones venezolana, boliviana y nicaragüens trataron de dilatar la discusión. Panamá fue una de las 10 delegaciones que promovió la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. 

Panamá repudia la violencia y llama a respetar los derechos humanos

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La OEA aprobó la resolución sobre la situación en Nicaragua con 21 votos a favor. La OEA aprobó la resolución sobre la situación en Nicaragua con 21 votos a favor.
La OEA aprobó la resolución sobre la situación en Nicaragua con 21 votos a favor.
Párroco Augusto Gutiérrez relata el ataque a la ciudad de Masaya por parte del régimen de Daniel Ortega

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió por tercera ocasión este miércoles 18 de julio -nuevamente de forma extraordinaria- para discutir "La situación en Nicaragua" y aprobó una resolución en la que condena los actos de violencia y represión cometidos por la Policía y los grupos parapoliciales adeptos al gobierno de Daniel Ortega.

En la resolución se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañe la labor de la Comisión de Verificación y Seguridad de Nicaragua, instalada por el gobierno en junio pasado a propósito de promover el diálogo en el marco de la crisis que se desató el 18 de abril tras las reformas a la seguridad social que Ortega se vio obligado a retirar.

La OEA aprobó la resolución sobre "La situación en Nicaragua" con 21 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. Se reportó la ausencia de tres delegados de los Estados miembros.

La propuesta discutida este miércoles fue presentada por Panamá y otros nueve países ( Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México y Perú), y en ella se plantean las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Ortega.

La aprobación de la resolución fue antecedida por desacuerdos liderados por las representaciones de Venezuela y Bolivia, que apoyaban a Nicaragua en sus argumentos de que la sesión no debía realizarse porque no contaba con el beneplácito del Gobierno de Nicaragua y, por tanto, se estaba violando la Carta Constitutiva del organismo. Estas delegaciones también argumentaban que unas enmiendas propuestas por Bolivia al texto de la resolución no habían sido entregadas con el tiempo debido para su análisis -tanto en la OEA como en las capitales de cada país- y que estas no habían sido traducidas a todos los idiomas oficiales (francés, inglés y portugués). 

Entre los países que se abstuvieron están El Salvador, Granada, Surinam y Trinidad y Tobago.

Luego de que Costa Rica, en la presidencia del Consejo Permanente, denegó los argumentos esgrimidos y ordenó la votación sobre las enmiendas, el representante de Bolivia en el organismo, Diego Pary Rodríguez, las retiró. Además, expresó su disgusto por el procedimiento utilizado durante la discusión y votación de sus enmiendas. Acto seguido, abandonó la sesión.

En la enmienda presentada por Bolivia se llamaba a un diálogo interno y se pedía que se retirara todo lo referente a la actuación de los grupos parapoliciales que actúan en Nicaragua. Asimismo, solicitaba eliminar toda alusión a condenas al Gobierno de Nicaragua por la situación, de acuerdo con lo expresado por el embajador de Colombia, Andrés González.

Bolivia también pretendía que la CIDH no siguiera presentando informes sobre la situación en Nicaragua.

GOLPE DE ESTADO

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, planteó ante el Consejo Permanente su descontento por la discusión de la situación interna de su país en el organismo regional e incluso dijo que se le está faltando al respeto a su nación.

Como lo ha dicho en las dos sesiones previas, Moncada aseguró que en su país se vive el intento de un golpe de Estado y que están ante la ruptura del orden constitucional. “Estamos ante la actuación de grupos terroristas”, que están siendo financiado por extranjeros y nicaragüenses.

El diplomático reiteró que el Consejo Permanente de la OEA trata la situación de Nicaragua sin el consentimiento del gobierno de Daniel Ortega.

“Están tratando de satanizar la situación en Nicaragua... hay un gobierno democráticamente electo, pretenden deslegitimizar un gobierno legalmente electo”, enfatizó Moncada, y agregó que se trata del embate de grupos organizados financiados desde el extranjero.

Moncada también leyó una resolución que su gobierno pretendía que aprobaran en el marco de esta reunión, en la que aseguran que el gobierno de Ortega está abierto al diálogo y denuncian que grupos armados han atacado y asesinado a policías. Asimismo, el documento señala que los opositores incluso practican torturas contra los oficialistas.

EL TEXTO

La OEA condenó en su sesión realizada en su sede en la ciudad de Washington, D. C. los actos de violencia y represión cometidos por la Policía y los grupos parapoliciales contra el pueblo de Nicaragua.

Además, expresaron su preocupación por la violación a los derechos humanos y los abusos que ocurren en Nicaragua desde el pasado 18 de abril.

La OEA recordó en la resolución que votaron la tarde de este miércoles que esos abusos y violaciones constan en el informe presentado sobre Nicaragua por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por todo lo anterior el consejo permanente de la OEA alienta a que se “proceda a identificar a los responsables, a través de los procedimientos legales correspondientes y exigir el desmantelamiento de los grupos parapoliciales”.

Desde el pasado 18 de abril grupos de la sociedad civil organizada y universitarios nicaragüenses comenzaron una serie de protestas por el aumento a la cuota obrero patronal del seguro social.

Esas manifestaciones provocaron que el proyecto presentado por el presidente Ortega sobre el seguro social fuera retirado. Sin embargo, en los piquetes empezaron a pedir la renuncia de Ortega y, posteriormente, que se adelantarán las elecciones presidenciales.

Hasta el momento el ataque a los universitarios y demás opositores al gobierno de Ortega ha dejado un total de 280 muertos, según la CIDH. No obstante, grupos que luchan por los derechos humanos en Nicaragua contabilizan al menos 310 fallecidos y al menos 2 mil heridos.

Las Conferencias Episcopales de los países de Centroamérica han expresado su solidaridad con la Iglesia católica de Nicaragua, que inicialmente fue el promotor y mediador de un diálogo entre el gobierno y los grupos opositores.

Tanto el gobierno del presidente Juan Carlos Varela como el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, han expresado su rechazo a la violencia que impera en Nicaragua, especialmente en las ciudades de Managua y Masaya.

La OEA condena los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional y los actos de violencia ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la sede de Cáritas, y otros manifestantes pacíficos.

De acuerdo con los reportes de los medios de comunicación de Nicaragua y los corresponsales internacionales la mayoría de las víctimas presentan heridas de bala en la cabeza, cuello y pecho.

OEA reiteró “la disposición del consejo permanente para colaborar y considerar otras medidas y mecanismos que estime apropiados, en búsqueda de una solución pacífica a la situación que enfrenta Nicaragua, de conformidad con la normativa de la organización”.

Panamá repudia la violencia y llama a respetar los derechos humanos

A continuación la postura planteada por Panamá, a través del embajador Jesús Sierra, en el Consejo Permanente.

Deseamos agradecer a las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú por haber solicitado la convocatoria de esta sesión extraordinaria para seguir considerando la situación de Nicaragua, tema que ha sido de preocupación durante las últimas semanas.

En ese sentido reiteramos lo ya expresado por mi gobierno, de condena ante los hechos de violencia suscitados en Nicaragua recientemente, que han cobrado la vida de adultos y niños y sigue trayendo luto y temor a la población nicaragüenses.

Además, repudiamos los ataques contra estudiantes universitarios, sacerdotes, periodistas y ciudadanos refugiados en la iglesia de la Divina Misericordia en Managua, y hace un firme llamado a los responsables de los ataques armados, incendios provocados y crímenes, a cesar la violencia y al más estricto respeto a la vida, los derechos humanos, la seguridad, y la paz.

El gobierno debe tener la capacidad de escuchar las aspiraciones de sus ciudadanos, de lo que quiere el pueblo y trabajar en la búsqueda de soluciones. Nos sumamos al pedido de la comunidad internacional, y de la OEA propiamente que exhorta al gobierno de Nicaragua a fortalecer las instituciones democráticas y utilizar el diálogo como único camino para encontrar una solución pacífica. Seguiremos condenando todo acto de violencia cualquiera sea su procedencia, y apoyando todos los esfuerzos de la CIDH que conllevan al respeto y protección de los derechos humanos.

La misión de Panamá encuentra en esta resolución un documento que plasma el sentir de los representantes permanentes que creen que la OEA debe pronunciarse, que no puede pasar inadvertida frente a los hechos ocurridos que provocan la inestabilidad política del país y que afecta a nuestra región, y por ello, se une con su apoyo a esta resolución.

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