La constructora brasileña Odebrecht, acusada de entregar sobornos millonarios a cambio de obras en países de América Latina y África, pretendía llegar a un acuerdo con Ecuador sin entregar información ni pagar indemnización.
Bajo este escenario, informó este jueves 23 de marzo la fiscalía ecuatoriana, el Estado además tendría que admitir que firmó contratos que cumplieron con todas las normas internas.
A través de un comunicado, la fiscalía precisó que tales demandas fueron formuladas y rechazadas de inmediato en un encuentro realizado en Washington entre el 22 y 23 de marzo entre el fiscal general, Galo Chiriboga, el Procurador General del Estado, Diego García, y representantes y abogados de Odebrecht.
Directivos de Odebrecht admitieron haber entregado a funcionarios públicos de este país coimas por 33.5 millones de dólares y logrado utilidades por 116 millones de dólares.
El documento también precisó que el Estado busca obtener la información necesaria para “perseguir a los responsables de cualquier acto de corrupción en los procesos de contratación de Odebrecht en Ecuador, además un acuerdo de reparación integral indemnizatorio, por los daños que hayan generado los actos ilícitos que cometió”.
La fiscalía admitió que cuando se hayan conocido los contratos, el esquema de corrupción utilizado, los montos entregados y la forma cómo se movió o transfirió ese dinero “se podrá determinar cuáles son las instituciones involucradas y establecer la cuantificación del perjuicio ocasionado, con lo cual se podrá calcular una cifra de indemnización”.
Odebrecht, que tiene prohibición legal de contratar en este país, construyó diversas obras de infraestructura en Ecuador desde fines de la década de 1980 hasta el año pasado.
El gobierno del presidente Rafael Correa impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con esa empresa.
